El Gobierno prohibió por quince días la realización de activi­dades escolares y toda suerte de actos públicos que signifi­quen la aglomeración de personas, sea en el ámbito cultural, religioso, político, deportivo y recreativo, para evitar la pro­pagación del coronavirus que a la hora del anuncio oficial afectaba solo a dos per­sonas en todo el país. Aunque lo mejor hubiera sido que se declarara por decreto el estado de emergencia sanitaria, según estipula el Código Sanitario.

El encargado de dar a conocer la medida fue el ministro de Salud Pública y Bienes­tar Social, reunido con los exponentes de los tres poderes del Estado, quien explicó que se tomaba la decisión para combatir la enfermedad. Horas después, el propio ministro indicó que ya eran 5 las perso­nas contagiadas por el COVID-19.

Según el tuit del ministro de Salud emi­tido en horas de la noche, de los 25 casos sospechosos, 4 habían sido descartados y otros 3 –en conexión con el segundo caso– fueron confirmados, con lo que el total de enfermos ascendía a 5.

La prohibición tomó de sorpresa a la ciu­dadanía que ya estaba alterada por las múltiples informaciones sobre el mal. Esto hizo que se llenaran los supermerca­dos y centros de compra, donde con ner­viosismo mucha gente cargaba sus canas­tas de compra y algunos se peleaban por la adquisición de objetos como alcohol en gel, cuya existencia comenzó a agotarse. Al parecer, el Gobierno no midió las con­secuencias de aumentar el pánico en la población, tan propicia siempre a las reac­ciones exageradas.

Sin entrar a cuestionar si es oportuna o no la extrema decisión del Gobierno ante la aparición de tan solo 5 casos de la enfermedad, lo que correspondería es que el Poder Ejecutivo, a través de un decreto, declare estado de emergencia sanitaria, según los términos del Código Sanitario. En su artículo 13, la Ley N° 836 establece que en casos de epidemia o catástrofes, el Poder Ejecutivo está facultado para declarar estado de emergencia sanitaria en la totalidad o parte afectada del terri­torio nacional, determinando su carácter y estableciendo las medidas procedentes. Añade la ley que el Ejecutivo puede exi­gir acciones específicas extraordinarias a las instituciones públicas y privadas, así como a la población en general.

Según la norma, Salud Pública deberá disponer las medidas para disminuir o eliminar los riesgos de las enfermedades transmisibles mediante acciones preven­tivas, curativas y rehabilitadoras.

También estipula la ley que queda prohi­bido a personas afectadas por las enfer­medades transmisibles determinadas por el Ministerio de Salud concurrir a lugares de reunión o concentración durante el período de transmisibilidad del mal.

Las normas del Código de la Salud son claras y útiles para encarar la emergen­cia sanitaria, pero formalmente el Estado debe declararla y ponerla en vigen­cia, cosa que no había ocurrido hasta el momento del anuncio oficial.

Para algunos hubo un apresuramiento en el anuncio de las medidas restrictivas por parte del Gobierno ante la aparición de pocos casos de la enfermedad (solo 5 casos hasta ahora), lo que ha sorprendido también a nivel internacional, donde hay países con mayor cantidad de afectados que no han tomado este tipo de medidas extremas.

Otra deficiencia que le apuntan a la deci­sión gubernamental es no haber recu­rrido desde el principio a la emergencia sanitaria, concepto que implica tomar medidas que van mucho más allá de impedir la aglomeración de personas y que apuntan directamente a la preven­ción, combate y acciones concretas contra los peligros de la salud.

Ante la situación planteada, se tiene que trabajar ahora para combatir la sico­sis a la que contribuyó la determinación del Gobierno. En esta gran tarea no solo deben intervenir los organismos públicos y organizaciones privadas, sino también los medios de comunicación y la ciudada­nía en general, a fin de no permitir que se sobredimensionen las informaciones, lo que contribuye a alimentar la epidemia del miedo.

Hay que recordar que hasta ahora el COVID-19 ha matado solo a un 3,6% de los 121.250 afectados en todo el mundo, que a más del 80% de los enfermos le afecta de manera leve y que el pavor que provoca en gran medida se debe a la para­noia informativa.

Por ello la calma y la prudencia son dos grandes antídotos contra la enfermedad.