Por décadas, los fondos de las cajas de jubilaciones y pensiones fueron administrados como un boliche. Aún están en la memoria los desfalcos a la Caja Paraguaya de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Itaipú Binacional (Cajubi), así como a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, donde se alzaron con millones de dólares fruto del dinero de los aportantes; como estos casos hay muchos otros más. La regulación y supervisión a los fondos de pensión es un debate de hace 30 años atrás. Es momento de que el Estado ponga fin al carnaval con los fondos de los aportantes, que nunca más se vuelvan a repetir en el futuro casos como los citados y para que nunca más todos tengamos que volver a hacernos cargo de esas estafas con nuestro dinero, el que pagamos al fisco en materia de impuestos.
El descomunal monto de dinero de los aportes a las cajas circula en el país sin ningún tipo de control. Las cajas de jubilaciones son un mercado que no está regulado en Paraguay. Como en cualquier otro mercado tiene que tener un regulador que fije las normas mínimas de transparencia, información y que garantice la correcta administración de los aportes.
Por ello, la aprobación en el Congreso Nacional del proyecto de ley de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones es más que fundamental para el futuro del Paraguay y de los paraguayos. Es vital tener un organismo que pueda regular este mercado que mueve alrededor de US$ 4.000 millones.
La Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones no va a administrar los fondos, por tanto no va a tocar ni un solo guaraní de los ahorristas, no define cuándo ni a qué edad se tiene que jubilar un trabajador. Pero sí va a controlar a los administradores para asegurarse que ese dinero esté bien cuidado para garantizar que el ahorrista pueda tener ese dinero el día que se jubile y, en caso de que el administrador haga un manejo fraudulento de esos recursos, ya no seamos nuevamente todos los que salvemos esas cajas con nuestros impuestos.
La Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones, así como las Superintendencias de Bancos y Seguros, debe ser un órgano altamente técnico, eficaz y eficiente, autónomo y autárquico, que funcione y controle la administración de las cajas sin las ataduras que hoy imponen los intereses mezquinos de los falsos defensores de los asegurados. Esa Superintendencia debe cuidar la sostenibilidad del sistema de pensiones y jubilaciones, para que de verdad se cumplan los derechos de los que ahorran dentro de esas entidades y que haya un correcto manejo financiero que minimice las posibilidades de pérdidas de esos recursos.
Cada vez que se busca implementar la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones, los falsos y sórdidos defensores de los jubilados usan los mismos argumentos vacíos. Ahora alegan la exclusión de los aportantes dentro del esquema de control y supervisión de los fondos previsionales. Es bueno recordarles que los bancos de plaza concentran a cerca de un millón de clientes, y en el sistema bancario se mueven US$ 17 mil millones y en ninguno de esos bancos los clientes tenemos un órgano representativo, ni nosotros ni los bancos tienen un representante en la Superintendencia de Bancos, pero este organismo por mandato de la ley tiene la responsabilidad de controlar a los administradores de cada uno de los bancos en beneficio de los clientes.
El Gobierno, los aportantes de bien y los paraguayos no debemos permitir que continúen prevaleciendo los intereses mezquinos de quienes quieren continuar en recreo con el dinero que aportan los trabajadores. Bienvenida la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones, a cargo del Banco Central del Paraguay.