Mediante un rápido recorrido por los medios es fácil percibir que la sociedad está harta de los privilegios y de las improvisaciones. De una premiación constante, y sin atisbos de final, a la mediocridad y la incompetencia. Las redes sociales ayudaron a exteriorizar el cansancio de la gente por la desigual relación entre quienes demasiado reciben en concepto de remuneraciones en el sector público y los que apenas ganan para sobrevivir.
Los nuevos canales de comunicación ya no son simples ecos de la prensa tradicional, sino que adquirieron su propio estatus de plataforma de denuncias. Las autoridades deberían empezar a tomar en serio esta situación injusta que pone a prueba los límites de la paciencia de nuestro pueblo.
Entre las varias formas de privilegios, la que más irrita es la que “se da o se concede sin atención a los méritos”. No se cuestionan, por tanto, a las personas con una sólida formación académica, demostrada capacidad en su área específica y una comprobada actitud ética en su vida, y que desempeñan funciones de alta complejidad y exigencias para que el Estado funcione correctamente y cumpla con su misión de garantizar una sociedad más libre, más justa y más equitativa.
Sin embargo, es fácil ver que muchos funcionarios designados en puestos claves del Gobierno no reúnen los requisitos para ejecutar con eficacia y eficiencia los mandatos derivados de sus propios cargos. Y mantenerlos allí por capricho o tozudez de las autoridades de turno solo evidencian incapacidad de lectura inteligente de la realidad y absoluta falta de voluntad política para enderezar lo que está torcido. Como mínimo, ausencia de sentido común.
Una respuesta cómoda sería: “Es un problema del Gobierno”. No, es un problema que afecta a todo el país. A eso que decíamos en líneas precedentes. Incide negativamente sobre las funciones indelegables del Estado de garantizar una economía inclusiva con crecimiento sostenido, proporcionar una educación de calidad y una salud para todos, de construir políticas serias de viviendas dignas y realizar una profunda transformación del campo. Y, naturalmente, generar las condiciones indispensables para crear empleos.
La frustrante, para no decir calamitosa, situación económica del año pasado todavía repercute en los bolsillos de todos los sectores de la sociedad, golpeando con mayor fuerza a las clases trabajadoras. Y aunque los técnicos auguran un crecimiento por encima del 4% para el 2020, ese impacto positivo aún está lejos de la realidad. Preocupa todavía más que el Ministerio de Hacienda esté planteando ante el Congreso de la Nación algunos cambios en la legislación administrativa, especialmente el que hace referencia a la posibilidad de que el déficit fiscal pueda llegar al 3% del Producto Interno Bruto sin necesidad de pasar por las cámaras legislativas.
Otros sectores que no satisfacen las expectativas ciudadanas incluyen a los ministerios de Educación y Ciencias, Agricultura y Ganadería, Salud y Obras Públicas, puntales históricamente indispensables para armonizar el Estado del bienestar que el pueblo aspira desde hace varios años.
El actual presidente de la República ha recibido un país ordenado, con disposiciones legales que apuntalan la transparencia en el ejercicio del poder, con mecanismos de concursos públicos para acceder a los cargos del Estado y, lo más importante, con un crecimiento económico estable. Con dinero en caja para invertir. No puede, consecuentemente, argumentar debilidades del pasado para justificar esta lentitud para despegar que ya exaspera e intranquiliza a la ciudadanía.
Y para coronar este ambiente de incertidumbre, el Gobierno tiene encima las renegociaciones del Tratado de Itaipú, con un equipo que nunca termina de conformarse y con el tiempo acogotando nuestros intereses.
Sin ser pesimistas, el panorama no es tan alentador. Y hay un pueblo vigilante que ya está harto.