Mediante un rápido recorrido por los medios es fácil per­cibir que la sociedad está harta de los privilegios y de las improvisaciones. De una premia­ción constante, y sin atisbos de final, a la mediocridad y la incompetencia. Las redes sociales ayudaron a exteriorizar el cansancio de la gente por la desigual rela­ción entre quienes demasiado reciben en concepto de remuneraciones en el sector público y los que apenas ganan para sobre­vivir.

Los nuevos canales de comunicación ya no son simples ecos de la prensa tradicional, sino que adquirieron su propio estatus de plataforma de denuncias. Las autoridades deberían empezar a tomar en serio esta situación injusta que pone a prueba los límites de la paciencia de nuestro pueblo.

Entre las varias formas de privilegios, la que más irrita es la que “se da o se concede sin atención a los méritos”. No se cues­tionan, por tanto, a las personas con una sólida formación académica, demostrada capacidad en su área específica y una com­probada actitud ética en su vida, y que des­empeñan funciones de alta complejidad y exigencias para que el Estado funcione correctamente y cumpla con su misión de garantizar una sociedad más libre, más justa y más equitativa.

Sin embargo, es fácil ver que muchos fun­cionarios designados en puestos claves del Gobierno no reúnen los requisitos para ejecutar con eficacia y eficiencia los man­datos derivados de sus propios cargos. Y mantenerlos allí por capricho o tozudez de las autoridades de turno solo eviden­cian incapacidad de lectura inteligente de la realidad y absoluta falta de voluntad política para enderezar lo que está tor­cido. Como mínimo, ausencia de sentido común.

Una respuesta cómoda sería: “Es un problema del Gobierno”. No, es un pro­blema que afecta a todo el país. A eso que decíamos en líneas precedentes. Incide negativamente sobre las funciones inde­legables del Estado de garantizar una economía inclusiva con crecimiento sos­tenido, proporcionar una educación de calidad y una salud para todos, de cons­truir políticas serias de viviendas dignas y realizar una profunda transformación del campo. Y, naturalmente, generar las condiciones indispensables para crear empleos.

La frustrante, para no decir calamitosa, situación económica del año pasado toda­vía repercute en los bolsillos de todos los sectores de la sociedad, golpeando con mayor fuerza a las clases trabajadoras. Y aunque los técnicos auguran un creci­miento por encima del 4% para el 2020, ese impacto positivo aún está lejos de la realidad. Preocupa todavía más que el Ministerio de Hacienda esté planteando ante el Congreso de la Nación algunos cambios en la legislación administrativa, especialmente el que hace referencia a la posibilidad de que el déficit fiscal pueda llegar al 3% del Producto Interno Bruto sin necesidad de pasar por las cámaras legislativas.

Otros sectores que no satisfacen las expec­tativas ciudadanas incluyen a los ministe­rios de Educación y Ciencias, Agricultura y Ganadería, Salud y Obras Públicas, pun­tales históricamente indispensables para armonizar el Estado del bienestar que el pueblo aspira desde hace varios años.

El actual presidente de la República ha recibido un país ordenado, con disposicio­nes legales que apuntalan la transparen­cia en el ejercicio del poder, con mecanis­mos de concursos públicos para acceder a los cargos del Estado y, lo más importante, con un crecimiento económico estable. Con dinero en caja para invertir. No puede, consecuentemente, argumentar debilida­des del pasado para justificar esta lentitud para despegar que ya exaspera e intran­quiliza a la ciudadanía.

Y para coronar este ambiente de incer­tidumbre, el Gobierno tiene encima las renegociaciones del Tratado de Itaipú, con un equipo que nunca termina de confor­marse y con el tiempo acogotando nues­tros intereses.

Sin ser pesimistas, el panorama no es tan alentador. Y hay un pueblo vigilante que ya está harto.