Es impensable que el polí­tico con un cargo público de relevancia se mantenga prescindente de las dispu­tas internas de su partido. Atendiendo a las experiencias, propias y ajenas, si no muestra una declarada inclinación hacia uno de los candidatos sus propios seguidores lo acusarán de tibio. Esa participación, sin embargo, debe tener límites claros y rígidos. El primero debe ser la nula utilización de los recur­sos del Estado. Esos recursos incluyen dinero desviado de las arcas del Tesoro, vehículos, vales de combustibles y colectas “voluntarias” entre los funcio­narios, por citar las prácticas más habi­tuales. Sin olvidar, claro, los pedidos de colaboración a los empresarios provee­dores de las instituciones públicas.

La presión de un jefe obsecuente para que el personal a su cargo asista a los actos y concentraciones suele tener resultados contrarios a los espera­dos. La gente ya no tiene temor para cuestionar en los medios, especial­mente en las redes, a sus superiores. Aquellos funcionarios con estabilidad laboral asumen estas denuncias como un reaseguro para no perder sus pues­tos de trabajo. Y está la cuestión de fondo: en el cuarto oscuro la reacción del que se siente presionado suele ser de castigo. Vota en contra del candi­dato oficial.

Partiendo del supuesto de que el pre­sidente de la República se involucrará en las dos elecciones simultáneas que tiene enfrente, su conducta deberá encuadrarse dentro de los límites que describimos en líneas precedentes. No sabemos si lo hará, pero para recupe­rar la credibilidad en las instituciones, hoy muy deteriorada, necesitará de ese paso fundamental. Ni siquiera deberá despilfarrar su tiempo en el horario en que debe dedicarse por completo a las funciones propias del Ejecutivo.

Los dos comicios internos a los que aludíamos tienen que ver con la reno­vación de las autoridades de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana y la elección de los can­didatos que representarán al Partido Colorado en las municipales del 8 de noviembre de este año.

En las internas del 12 de julio, repe­timos, cada movimiento intentará demostrar todo su poderío para ganar las batallas por la Junta de Gobierno y la Municipalidad de Asunción. Tam­bién se sumarán ciudades emblemáti­cas, por su caudal de electores, como Ciudad del Este, Encarnación, San Lorenzo, Coronel Oviedo, Lambaré, Capiatá, entre otras.

Lo de la Junta de Gobierno no se trata de una interna más. Sobre todo, mar­cará la temperatura anímica de cara a las elecciones generales del 2023. No será determinante, obviamente, pero insinuará una fuerte tendencia en el electorado republicano. De ahí parte nuestra presunción de que el presidente de la República tendrá una directa intervención en estos comi­cios. La simple presencia política no es reprochable, lo repudiable será, insis­timos, la incorrecta utilización de los recursos públicos.

Hay otras variables que merecen ser analizadas con cautela en este año que definitivamente será muy agitado y complicado. Por ejemplo, la reactiva­ción económica, la renegociación de Itaipú, el proceso de la transforma­ción educativa, la lucha contra las epi­demias y la generalizada queja contra los servicios públicos. El tiempo que el presidente Abdo Benítez dedique a las internas de su partido tendrá un fuerte impacto en estos temas de interés para la sociedad en general.

Y todavía hay otro detalle no menos significativo: los aliados políticos del presidente de la República, en especial los del Partido Democrático Progre­sista, como mínimo, tendrán dos opcio­nes: lanzar candidatos propios para las municipales o conformar una concer­tación con otros partidos de la oposi­ción.

Desde una mirada política la cuestión no sería tan grave si no fuera porque el partido liderado por Rafael Filiz­zola y su esposa, la senadora Desirée Masi, tiene a varios de sus referentes en puestos claves dentro del Gobierno. La cohabitación no será difícil. Será impo­sible. Un espinoso camino aguarda al Poder Ejecutivo.