Una niña indígena fue encon­trada maniatada y con signos de haber sido violentada en un lugar abandonado del centro de Asunción, no lejos de la institución que se debe encargar de proteger a los aboríge­nes. Según las primeras investigaciones, se trataría de un grave caso de trata de personas y de explotación sexual de una menor. La misma habría estado bajo los efectos de sustancias sicóticas y se trata de una niña que, según las autoridades pertinentes, se encuentra bajo el sistema de protección infantil. Tal afirmación es una burla, porque si las niñas que están protegidas por el Estado viven en la calle y son explotadas sexualmente como revela este caso, es imaginable lo que puede pasar con los menores que no están bajo su protección.

La menor fue rescatada en horas de la madrugada y después una unidad del Ministerio Público especializada en la lucha contra la trata de personas y explo­tación de menores allanó el lugar, que es un sitio abandonado que funge de aguan­tadero de indeseables. En el operativo estuvo gente de la Fiscalía, de la Policía Nacional, del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, de la Municipalidad de Asunción; menos los representantes del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi).

Lo que reveló la ministra de la Niñez y la Adolescencia es patético. Dijo conocer a la niña de 14 años y que desde los 8 es víc­tima de explotación sexual. Recordó que cuando era fiscala intervino un caso en Luque donde esta menor ya era sometida a ese tipo de abuso, ocasión en que aga­rró al líder de los abusadores. Mencionó que años después, la volvió a rescatar del sitio abandonado en que la encontraron el martes y que entonces ya consumía dro­gas. Una triste historia que no puede per­mitirse que continúe sin que se haga algo valedero por esta niña.

Lo relatado pinta con toda su crueldad la situación de gran cantidad de menores indígenas que en Asunción y en las princi­pales ciudades del país padecen el desam­paro y el desinterés de nuestra sociedad a causa de la inoperancia de los organis­mos estatales encargados de velar por ellos. Significa que las diferentes entida­des públicas, como el Indi, la Secretaría de la Niñez y de la Adolescencia, el Cen­tro de Adicciones no están realizando la tarea que deben desarrollar para prote­ger, encaminar y promover a los indíge­nas, especialmente a los menores. No es ningún secreto que a la población de abo­rígenes no se le presta la ayuda que nece­sita, por lo que muchos de ellos, especial­mente niños, están pidiendo monedas en las esquinas de las calles de distintas ciudades.

La observación de estos acontecimientos obliga a hacer algunas preguntas: ¿Qué hace realmente el Indi para atender y pro­teger a los niños indígenas que están en la calle? ¿Se ocupa de ellos? Lo mismo se le puede preguntar al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia que tiene mucho trabajo, pero que no puede quedarse tranquilo ante el terrible desamparo de los menores indígenas. ¿Cómo puede entenderse que alguien como la niña de 14 años rescatada, que está bajo el sistema de protección infantil, esté tan huérfana de protección? ¿Cómo una menor declarada adicta a las drogas por las autoridades no está siendo atendida por el Centro de Adicciones?

Esta situación nos interpela como socie­dad que pretende practicar la igualdad entre todos los ciudadanos, prestando mayor atención a aquellos más débiles y víctimas de la marginación. No se puede admitir que esta realidad que afecta al bienestar de la comunidad nacional no pueda obtener una respuesta adecuada de las instituciones estatales responsables. Es muy difícil de entender que la situa­ción de estos seres humanos desposeídos de todo no suscite el interés de parte de entidades benéficas, sociales y hasta reli­giosas que hacen culto de la solidaridad y ayuda al prójimo.

El lamentable hecho vivido por esta niña indígena debe servir para que las entida­des públicas trabajen coordinadamente en la protección de los menores en situa­ción de extrema marginalidad. Y para que la sociedad adquiera conciencia de que no se pueden admitir estos atropellos que se producen en nuestra comunidad teniendo como víctimas a menores que tienen los mismos derechos que los que cuidamos en nuestras familias.