El sistema penitenciario de Paraguay superó la línea del colapso y está más allá de la terapia inten­siva, pero este diagnóstico ya lo sabíamos todos, no es necesario ser técnicos en la materia para com­prender la situación. Esta adquirió ribetes de catástrofe evidente luego de que se fugaran más de 70 priva­dos de libertad recluidos en el penal de Pedro Juan Caballero, los pró­fugos evadieron todos los mecanis­mos de seguridad establecidos por el Ministerio de Justicia y dejaron al sistema penal paraguayo y a sus autoridades en el ridículo total.

La vergonzosa fuga masiva de los privados de libertad nos recordó la ausencia de una reforma peniten­ciaria y de una política criminal, entre otras falencias y vacíos rela­cionados con la problemática. En el Paraguay no existe por escrito una política criminal, solamente sub­siste una actitud para la represión por parte de los órganos del Estado y, especialmente, de los de seguri­dad, situación que alienta la repre­sión, pero no la prevención ni un plan de reinserción social para apo­yar a los privados de libertad una vez que cumplieron su sentencia.

Este desastre institucional del Ministerio de Justicia y sus autori­dades se profundiza con la inter­vención de las organizaciones criminales internacionales y nacio­nales como el PCC y el clan Rotela, las que permanecen hacinadas jun­tas en un mismo lugar y en pena­les de frontera. Es decir, todo está pensado para facilitar –como en sistema de ventanilla única– sus acciones delictivas desde atrás de los muros de los penales y hasta una fuga masiva y programada cuando a ellos se les cante.

Tras las cortinas de humo, tendi­das por la ministra de Justicia para evadir el bochorno tirando la culpa a otros, ahora se anuncia como una salida a la problemática la cons­trucción de nuevas cárceles para fin de año, con una inversión de US$ 30 millones para albergar a 5.700 reos. Como expresaba el científico alemán Albert Einstein: “Si buscas resultados distintos, no hagas siem­pre lo mismo”.

Parece ser que la estrategia de urgencia solo se sustenta en cons­truir nuevas cárceles sin imple­mentar otras medidas destinadas a habilitar una verdadera reforma penitenciaria o establecer por escrito una real política crimi­nal que se conviertan en el punto de inflexión que necesita el país en materia penitenciaria. Sobre el punto, el presidente del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tor­tura, Dante Leguizamón, especia­lista en derecho penal, explicaba que “la solución no es construir nuevas cárceles porque el creci­miento de la población anual es de 1.150 internos. La población peni­tenciaria se ha quintuplicado entre el 2000 y el 2019, hay cinco veces más”, se requieren otras solucio­nes, innovadoras, creativas y efi­caces, desechando “la fallida fór­mula de la militarización” como la solución para paliar la crisis en los penales.

A la infraestructura se impone tam­bién arbitrar los mecanismos nece­sarios para frenar la corrupción imperante y la ineficacia enquis­tada en el Ministerio de Justicia y en los organismos de seguridad; estos elementos son las principa­les causas de la catástrofe en el sis­tema penitenciario. Es momento de acabar con los padrinos políti­cos y empresariales de las mafias que controlan las penitenciarías del país.

Hasta el momento nadie asumió la responsabilidad política por la improvisación en el sistema peni­tenciario por la falta de una polí­tica criminal y por la inacción en la ejecución de la cacareada reforma penitenciaria. Se requiere, para ayer, abordar de manera integral el grave problema penitenciario de criminalidad y de corrupción sisté­mica en el Ministerio de Justicia.