Luego de la vergonzosa fuga de los 76 reos del penal de Pedro Juan Caballero el domingo 19 de enero, algunos personeros de las instituciones involucradas en la investigación y el Ministerio Público están demostrando un pobre espec­táculo. Como si se hubieran puesto de acuerdo para ello, están actuando sin ninguna coordinación, criticándose unos a otros, colaborando con su des­prolijidad para hacer más complicado el trabajo. Y así como fue lamentable la masiva escapada de presos de la peni­tenciaría, la actuación de estas perso­nas señaladas es muy cuestionable.

Como muestra de la inoperancia de los funcionarios penitenciarios que quedaron luego del apresamiento de guardias y otros, hasta mediados de la semana no habían provisto aún a las autoridades policiales de la lista completa de los reos fugados. Según la vocera de la Policía Nacional, oficial­mente tenían los nombres, números de documentos y fotografías de tan solo 50 de los fugitivos. Dijo que el inconve­niente no estaba en la base de datos de la Policía, sino en el Ministerio de Jus­ticia que no remitió a tiempo la nómina oficial de los fugados. “¿Cómo vamos a cotejar los nombres si no tenemos la lista completa?”, se había quejado.

Lo relatado por algunos funciona­rios, quienes advirtieron a tiempo que habría una fuga masiva en la cárcel pedrojuanina, indica la falta de rigor de las autoridades para evitar el hecho. ¿Tal desprolijidad fue parte de la corrupción que permitió la huida de los reos? Las investigaciones tal vez ayu­den a responder la pregunta. Pero una cosa es cierta: si se hubieran tomado las medidas adecuadas en su momento, no se hubiera producido la fuga.

Un mes y dos días antes del escape, el 17 de diciembre, el director gene­ral interino de las penitenciarías informó a la agente fiscal de la Uni­dad Nº 9 Especializada contra el Cri­men Organizado que podría produ­cirse un rescate de presos recluidos en el pabellón A, de las plantas alta y baja de la cárcel pedrojuanina. “En la nota del director de la cárcel no se hablaba de ningún túnel, pero sí sobre un plan de rescate de internos considerados como pesos pesados”, dijo la fiscala. La agente añadió que alertó de ello al Ministerio de Justi­cia, del que depende la penitencia­ría, lo que motivó la inspección del penal el 30 de diciembre. Veinte días después, el 19 de enero, se produjo la masiva fuga de ambas plantas del pabellón mencionado. Si había una sospecha de fuga, ¿por qué después del 30 de diciembre no se volvió a requisar ese pabellón?

Uno de los reos recapturados afirmó lo que al principio apenas era una con­jetura del ministro del Interior, quien había dicho que la fuga se habría dado por el portón. Aseguró que los prin­cipales cabecillas del grupo crimi­nal PCC se escaparon por la puerta de enfrente de la cárcel, en tanto que otros salieron por el túnel. El hom­bre afirmó que estaba preso en la planta alta del pabellón y que en cierto momento los jefes del PCC irrumpie­ron en el lugar con las celdas que esta­ban abiertas. Les dijeron en portugués que había que escaparse, lo que pro­dujo la estampida de los reos. Aseguró que fuera del penal se esparcieron y que los líderes subieron en vehículos que les aguardaban para huir.

Si la escapada del domingo fue un hecho orquestado con la colaboración de los funcionarios de la penitenciaría, puede afirmarse que es una liberación con maquillaje de fuga.

Dado que lo acontecido ya no se puede revertir, lo que corresponde ahora es que los organismos públicos que inter­vienen en las investigaciones, los que buscan a los fugados y los responsa­bles de la penitenciaría trabajen de manera conjunta colaborando unos con otros. La desprolijidad demostrada hasta ahora, la falta de coordinación y la ineficiencia en su actuación son inaceptables, como tampoco se pueden tolerar las peleas entre ellos.

Después del vergonzoso hecho, lo menos que puede hacer el Gobierno es poner mano dura y exigir que las perso­nas que intervienen en la investigación actúen como corresponde para escla­recer lo acontecido, atribuir las respon­sabilidades y castigar las conductas delictivas. No se puede admitir que la gente se hostigue en lugar de cumplir la responsabilidad que le compete.