En los últimos diez años, el Estado aumentó en 27,81% el número de sus funciona­rios y en ningún momento dio muestras de disminuir el gasto público mediante la reducción de la cantidad de las personas que figuran en su nómina. En tanto que en ese tiempo la población del país se incrementó en 14%.

Debido a ello creció el porcentaje de empleados públicos con relación a la población, pues del 3,8% del total del país que representaban en el 2010, este año, con la nómina actual esa propor­ción llega al 4,2% de los que habitamos el Paraguay.

En el 2010, la cantidad de funcionarios estatales ascendía a 238.266 personas en tanto este año el número previsto en el presupuesto fiscal asciende a 304.804 individuos. Esto indica que en la última década fueron contratados 66.338 nue­vos empleados públicos, lo que repre­senta un incremento del 27,81%. Si se tiene en cuenta que la población del país creció en la última década un 14%, quiere decir que el aumento porcentual del número de funcionarios es práctica­mente el doble del incremento poblacio­nal del país. A medida que transcurre el tiempo el Paraguay está teniendo cada vez mayor cantidad de empleados públi­cos, no solo en números absolutos sino también en proporción a su población. Lo que implica también que cada año hay mayores gastos salariales.

Si bien el Gobierno trata de frenar algu­nas conductas dispendiosas que se dan en muchos organismos públicos con recortes, en el fondo sigue el problema del incremento de gastos salariales en perjuicio del aumento de las inversiones. Porque no es con actos que afectan solo al maquillaje como se pueden ir redu­ciendo los gastos sino con medidas certe­ras que apunten al corazón del problema.

La semana pasada se promulgó el decreto que reglamenta la Ley de Pre­supuesto para este año en el que se esta­blece una serie de disposiciones para disminuir el impacto de las nuevas ero­gaciones. Entre las medidas señaladas está que se prohíbe contratar nuevo per­sonal, permanente ni contratado, aun­que haya crédito presupuestario para ello. Tampoco se permiten aumentos salariales para funcionarios sin previo concurso público y no se podrá ajustar el sueldo a los contratados hasta un 10%. El premio por horas extraordinarias se limita a 32 horas mensuales. También se restringe el pago por subsidio familiar.

Por otro lado, se pone un tope de 400.000 guaraníes para gastos en even­tos especiales y se elimina la compra de alimentos para empleados adminis­trativos, excepto de los entes públicos. El gasto por seguro médico se limita a 1 millón de guaraníes por funcionario mensualmente.

Tampoco se permitirá la adquisición de vehículos, excepto ambulancias y patrulleras. Se mantiene la prohibi­ción de comprar pasajes aéreos en pri­mera clase, excepto para presidentes y vicepresidentes de los tres poderes del Estado. Los viáticos de funcionarios se mantienen con restricciones, excepto los de los que viajan al exterior en repre­sentación del país.

Como puede apreciarse, todas las medi­das establecidas en el decreto reglamen­tario son útiles para limitar los excesos. Pero no hacen al tema de fondo que son las grandes partidas de dinero que el Presupuesto prevé como gastos fijos en los salarios de los empleados estatales.

Esas erogaciones ya establecidas en la ley presupuestaria de este año no se pueden disminuir ni dejar de pagar por un simple decreto del Poder Ejecu­tivo. Con lo cual estamos ante el mismo cuadro de derroche que caracteriza al Estado y que es motivo de crítica porque limita gravemente la capacidad del país de poder realizar más inversiones que se necesitan en infraestructura y otros campos. Por eso este año, en vez de dis­minuir el número de empleados públi­cos se tendrán 2.878 funcionarios más que en el 2019 y que implicarán mayo­res erogaciones. Con ello queda demos­trada la nula capacidad del Gobierno de cortar los gastos superfluos aunque sus personeros hayan hecho promesas el año pasado durante el estudio de la ley de reforma tributaria de reducir las ero­gaciones improductivas.

Podrá decirse que el tema no es sim­ple debido a la complejidad del aparato estatal. Pero en algún momento hay que comenzar a realizar los recortes para achicar el Estado.