De cada 100 guaraníes recaudados por el fisco el año pasado, 97 se utilizaron para gastos rígidos, es decir, salarios y otras erogacio­nes fijas. Para las inversiones se destinaron apenas 3 guaraníes de cada 100 recaudados.Gracias a este esquema, de cada 100 guara­níes que percibió el Estado, 75 se destina­ron a los sueldos de los empleados públicos, 4 guaraníes más que los que se habían utili­zado en el 2018, uno de los porcentajes más altos de los últimos años.

Cifras dadas a conocer por el Ministerio de Hacienda revelan que en el 2019 los gas­tos rígidos de la administración central del Gobierno se distribuyeron de la siguiente manera: 17,7 billones de guaraníes se des­tinaron a salarios (75%), 2 billones de gua­raníes (9%) al servicio de la deuda externa, 1,9 billones (9%) a las prestaciones sociales y 1 billón (4%) al pago de las jubilaciones. Las inversiones recibieron apenas 701.000 millones de guaraníes, que representan el 3% de total de los ingresos del fisco. Esto revela claramente que el aparato del Estado recauda solamente para gastos corrientes de muy discutible utilidad para el país en perjuicio de las inversiones.

Si se tiene en cuenta el porcentaje del dinero recaudado que se utilizaba anterior­mente para los salarios, que en el 2018 era del 71%, el nivel alcanzado en el 2019, de 75%, representa un fuerte retroceso en el uso productivo de los recursos provenien­tes del pago de impuestos. Señalan que esto se debe a que el año pasado las recaudacio­nes no alcanzaron los niveles previstos, y que se recibieron el equivalente de 260 millones de dólares menos. Pero al margen de las explicaciones, la verdad es una sola: el Estado destinó más dinero de los recursos públicos para satisfacer la angurria de su clientela política, porque, aparte de que sus recaudaciones no subieron como se espe­raba, el monto de gastos superfluos es muy superior al del 2018.

En el 2019, el total de ingresos tributarios alcanzó a 23,5 billones de guaraníes, que es apenas superior en 1,7% a las recauda­ciones del 2018, que fueron de 23,1 billones de guaraníes. Y en materia de erogaciones se incluyeron aumentos salariales del 16% para docentes que significaron el equiva­lente de 120 millones de dólares más en el presupuesto. Esto además de otros incre­mentos de sueldos como los destinados a la salud pública y otros sectores.

Los programas sociales que canalizan fon­dos para personas en situación vulnera­ble han incrementado sus gastos. El pro­yecto de pensión alimentaria para adultos mayores que administra el Ministerio de Hacienda llevó un 6% más, en tanto que para el Programa Tekoporã, destinado a familias en situación de pobreza, se dio un 14% más de fondos que el año anterior.

La alta rigidez que tienen los gastos del Gobierno revela la gran ineficiencia del apa­rato estatal que utiliza casi todo el dinero recaudado con los impuestos para erogacio­nes improductivas, dejando muy poco para las inversiones y otros gastos de capital. Lo que quiere decir que casi todo lo percibido de lo tributado por la ciudadanía se destina para atender a su gran clientela cuya utili­dad para el país es muy cuestionada, ya que está viciada de favoritismo político.

Si el Gobierno utiliza solo 3 guaraníes de cada 100 que recauda en financiar las inver­siones está mostrando un serio defecto estructural que no puede dejar de señalarse como una grave enfermedad administra­tiva y política en su desempeño. Como toda grave dolencia, debe ser reconocida y asu­mida plenamente. Y en función de su grave­dad debe ser combatida con todos los recur­sos de que se dispone para no ingresar en etapas más extremas de esta realidad.

Las autoridades nacionales no pueden mirar a otro lado cuando se les plantea su tendencia de gastar más sin importarles el severo escenario en que están metiendo al país.

El inicio del nuevo ejercicio fiscal debe aprovecharse para replantear la estruc­tura de gastos del Estado y poner en pri­mer lugar lo más importante, las inversio­nes y disminuir drásticamente los gastos improductivos. Urge reformular, entonces, una nueva ley de presupuesto para privile­giar la inversión por encima de los gastos improductivos que hoy se llevan casi todo el dinero recaudado.