Para las negociaciones en representación de cualquier gobierno la investidura del poder no es suficiente. Hay que tener autoridad. Una autoridad forjada por una trayectoria moral­mente impecable y una formación académica demostradamente sólida. La simple locuacidad es solo humo. Es pura fanfarronería cuando carece de cualidades intelectuales. Espejitos que la contraparte se encargará de hacer añicos. En resumen, estamos hablando de personas íntegras, arma­das de valores y coraje. Únicamente personas con estas virtudes (morales e intelectuales) podrán defender con altura y patriotismo los intereses de una nación. Su propia nación.

Estas consideraciones tienen que ver con la conformación –vía decreto presidencial– del equipo negociador paraguayo para la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, que del otro lado tendrá a los técnicos designados por el gobierno del Brasil.

Aquí no hay espacio para las impro­visaciones. Ni para los tibios. Mucho menos para los de dudosa reputación. Es un terreno para pisar con fuerza e inteligencia. No se puede dejar nada al arbitrio del azar. Todos los deta­lles, incluso aquellos que parecen insignificantes, deben ser meticulo­samente analizados. Delante tene­mos un imperio que todo el tiempo se pasa negociando. De ahí las exi­gencias enumeradas en el primer párrafo.

Se trata de una oportunidad histó­rica para que el Paraguay consiga un trato más justo y equilibrado en el manejo de la hidroeléctrica y, a par­tir de ahí, se convierta en el motor que dinamice el desarrollo social, económico y cultural de nuestro pue­blo. Es por esta razón que la ciuda­danía fijaba grandes expectativas en quiénes iban a encabezar las nego­ciaciones en representación de nues­tro país.

La sociedad en general y expertos paraguayos han criticado duramente la tardía integración del equipo nacional y su carácter absolutamente improvisado, puesto que se men­cionan las instituciones, pero no los representantes.

El Gobierno fue acusado de tener una actitud entreguista durante el conflicto desatado por el polémico acuerdo que, finalmente, fue abor­tado por una incontenible presión ciudadana y la posición firme de altos funcionarios de aquel momento, así como los duros cuestionamientos de algunos parlamentarios.

Los reclamos que siempre están sobre la mesa en la denominada comúnmente “renegociación del Tra­tado de Itaipú” son la libre disponi­bilidad de la energía que nos corres­ponde para vender a terceros países o seguir vendiendo al Brasil, pero a precio de mercado. Además, como ya apuntamos, designaciones equitati­vas en las direcciones de la binacio­nal.

Contrariamente de lo que piensa el común de la gente, y tampoco hay mucha claridad al respecto desde el Gobierno, la fecha tope de las nego­ciaciones no es agosto del 2023. Es mucho antes. Los grandes acuerdos deben concluir para finales del año próximo, o sea, 2021. Estas afirma­ciones están fundadas en los cálcu­los realizados por técnicos de la pro­pia Itaipú. Para el 2022 el servicio de la deuda decrecerá notablemente. Consecuentemente, ya deberá defi­nirse si se reduce la tarifa o si el dinero que se destinaba a esa línea presupuestaria se repartirá entre ambos países.

Una vez que Itaipú pague totalmente su deuda, la entidad binacional que­daría con 2.000 mil millones de dóla­res anuales, razón por la cual ese es el gran debate todavía postergado en nuestro medio. El gran desafío que tiene por delante Abdo Benítez es fijar la posición paraguaya al res­pecto: resolver el dilema de reducir la tarifa o asignarse 1.000 millones de dólares por país, dentro de un régi­men de riguroso control ciudadano.

Son temas vitales para el país. Y el tiempo es cada vez más corto.