La Cámara de Diputados acaba de aprobar un proyecto de ley que permitirá beneficiar con el dinero del Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (Fona­ress) a las personas que sufran de atrofia muscular espinal (AME) y sus conse­cuencias, con la denominación de Ley Bianquita. Con ella se pretende ayudar a las personas con diagnóstico de AME con fondos suficientes para cubrir el tratamiento y la curación del mal, que resultan muy costosos. Así, los pacientes tendrán acceso gratuito a los medica­mentos de alto precio que no se dispo­nen en el país, además de los gastos que implica el tratamiento de diálisis perito­neal y hemodiálisis.

Por lo que puede apreciarse, esta dis­posición, cuando se convierta en ley, traerá beneficios a mucha gente, tal como ocurre actualmente con la ley de trasplantes de órganos y tejidos huma­nos, conocida como Ley Anita, que ha revolucionado la salud en esa materia.

Mediante la norma conocida como Ley Anita se ha logrado incremen­tar en 30% la donación de órganos y se aumentó en más de 7 veces el número de inscritos interesados en entregar sus órganos para que otras personas enfer­mas puedan seguir con vida en caso de necesidad.

Los datos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social indican que en lo que va de este año se han realizado 145 trasplantes orgánicos en diversos puntos del país. La contabilidad revela que se hicieron 5 trasplantes de cora­zón, 82 de córneas, 40 de riñón, 16 de médula ósea y 2 de hígado.

Con la Ley Anita se contribuyó enor­memente a simplificar y optimizar los procesos para el diagnóstico de muerte con base en un protocolo del Ministe­rio de Salud y que los realiza el Insti­tuto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT), que es el primer paso en el pro­ceso para la donación de órganos de personas fallecidas para su implante en los enfermos necesitados. Se logró aumentar el número de trasplantes, se incrementó la cantidad de inscritos para donaciones y se ha roto el prejui­cio de mucha gente que anteriormente no se animaba a realizar ese generoso gesto humanitario. Los números así lo indican: en el 2008 había tan solo 3.000 personas inscritas como donantes de órganos y este año se ha llegado a 25.715 anotados para ese fin, lo que representa un crecimiento de 757% en los últimos once años.

Un estudio revela que 75 personas de cada 100 habitantes del país recurren a los servicios públicos de salud y gas­tan el equivalente a 146 dólares (G. 905.200) por año por persona en medi­camentos y afines. Por su lado, un 20% de la población utiliza los servicios del Instituto de Previsión Social u otros servicios similares y gasta 283 dóla­res (G. 1.754.600) por año por persona. La clase más pudiente, que constituye el 5% de la población, gasta anual­mente por persona en seguro de salud y medicamentos 4.840 dólares (G. 30.000.000), de acuerdo con la investi­gación aludida.

Teniendo en cuenta que el 75% de la población del país (alrededor de 5.250.000 personas) necesita ser aten­dido por la salud pública, es enorme el papel que le corresponde al Estado si quiere velar adecuadamente por la situación sanitaria de la gente. Lo que se ve a diario en los servicios públicos, en los que se notan la falta de insumos y medicamentos, la precariedad e insu­ficiencia de muchos locales hospita­larios, además del déficit en la aten­ción adecuada por el gran número de pacientes.

El presupuesto que el Estado destina al Ministerio de Salud en el 2019 es ape­nas el 6,75% del total de gastos por todo concepto, a pesar de haber aumentado en 12,5% sobre lo destinado en el 2018. Aunque la salud pública ha visto incre­mentado su presupuesto en gran por­centaje en los últimos años, las necesi­dades de la población hacen que todavía sean insuficientes las sumas destina­das. Países más organizados destinan encima del 10% de sus gastos anuales a la salud pública, lo que se traduce en atenciones de mejor calidad para su población.

Con disposiciones como las leyes Anita y Bianquita se ayuda a la salud pública, pero la tarea que tiene que hacer el Estado es todavía enorme y debe dedi­carle más presupuesto, tecnología y recursos humanos especializados.