Con el rechazo del Congreso al veto del Poder Ejecutivo a la ley de pensiones para adultos mayores el Gobierno dice que verá exigida al máximo su caja, pues deberá erogar cerca de 40% más de lo previsto inicialmente, lo que hará que el déficit fiscal se pueda elevar algunos puntos. Si bien puede entenderse la preocupación del Ministerio de Hacienda por la mayor cantidad de dinero que pagará, también existe un elemento fundamental que considerar: muchos adultos mayores desamparados necesitan ayuda urgente y el Estado no debería negársela sin mayor consideración, por lo que debería encontrar una fuente de financiamiento adecuada.
Según los reportes de la cartera fiscal, en los primeros cinco años de la aplicación de las nuevas normas de pensiones para adultos mayores, el costo del programa, que con los costos actuales sería de 1.137 millones de dólares, ascendería a 1.579 millones de dólares, lo que representa un incremento del 38,87%. Hacienda calcula que cada año deberá erogar 80 millones de dólares más debido al incremento y por ello estima que la ampliación de las pensiones mencionadas podría poner en peligro el déficit fiscal en el 2020 subiendo por encima del tope establecido.
Voceros de Hacienda señalaron que los estudios indican que el costo del programa puede pasar del 0,5% del PIB que es actualmente al 0,8%. De darse esta situación, el déficit presupuestario fiscal ascendería con ello al 1,8%, lo que en términos monetarios representa 720 millones de dólares.
En cuanto a los gastos del 2020, el Gobierno apunta que los recursos para los distintos programas ya están distribuidos en la ley aprobada y todo monto adicional que se agregue implicará recortar los programas de varios organismos públicos o partidas destinadas a inversiones. Dice que con este aumento se amenaza el equilibrio logrado en la ley de presupuesto aprobada recientemente de no aumentar en demasía los gastos corrientes.
La Ley 3728 de pensión a los adultos mayores en situación de pobreza se creó en el 2009. Establece una asignación no menor al 25% del salario mínimo vigente y se aplica a las personas que tengan 65 años cumplidos, están en la pobreza, que no reciben pensión, salario ni ninguna remuneración y que no tengan cuentas pendientes con la Justicia. La Dirección de Pensiones no Contributivas del Ministerio de Hacienda es el organismo encargado de la aplicación de la ley y responsable de ofrecer el beneficio a los ancianos inscriptos.
Cuando comenzó a aplicarse en el 2010, el número de beneficiarios era muy escaso y de hecho se atendía a una mínima parte de los ancianos en situación de vulnerabilidad. Tanto que en los primeros años la cantidad de beneficiarios no sobrepasaba las 10.000 personas para un universo de adultos mayores necesitados que se estima superior a 300.000.
Fue la administración gubernamental de Horacio Cartes la que expandió de manera exponencial el beneficio para los ancianos necesitados, pues en cada ejercicio se iba incrementando el número de beneficiarios. Ello hizo que cuando en el 2018 culminó su gobierno el número de adultos mayores que recibían las pensiones del Estado ascendía a 200.076 personas. El 6 de setiembre del 2018 el Ministerio Hacienda reportaba esa cantidad. Pero curiosamente un año y dos meses después, noviembre del 2019, el gobierno actual tiene registrados 198.207 beneficiarios, lo que representa una disminución del 1% en lo que va de esta administración. Es decir, la gestión del presidente Abdo, en lugar de aumentar la cobertura para adultos mayores durante este tiempo, ha disminuido el número de los mismos contra la tendencia de crecimiento que se había registrado en el período anterior.
Es atendible la precaución de Hacienda por las mayores erogaciones que deberá hacer, pero no se pueden obviar las disposiciones de la Ley 3728/09 que obligan a ayudar a los ancianos más necesitados. Es más, el Estado paraguayo tiene la obligación legal, política y moral de dar cobertura a todas las personas longevas en estado vulnerable, por lo que en lugar de disminuir el número de beneficiarios tendría que aumentar para no dejar a ningún adulto mayor miserable sin ese servicio esencial en sus últimos años de vida.