El orador principal del oficio litúr­gico de Caacupé del lunes último se quejó ásperamente de la poli­tiquería que hay en el país y reclamó a la clase política y a los funciona­rios que cumplan las leyes y sirvan al pueblo desde los puestos en que les toca trabajar en la función pública. El sacerdote denunció sin dar nombres a los funcionarios que usan el dinero destinado por el Fonacide para provecho personal.

El pastor dijo que la politiquería goza de buena salud, “como un hecho que nos ava­salla y nos destruye, pues su contenido es totalmente diferente a lo que es la polí­tica, que se basa en el servicio a los demás”. Agregó que la politiquería “solo busca el interés y el beneficio propio, no el de los demás. No tiene conciencia de la necesidad del pueblo y lo conforma un pequeño grupo que se protege entre sí para robar al pueblo”.

Ya en conferencia de prensa, el cura mani­festó que la malversación se da en los muni­cipios y no permite que el dinero de Fona­cide llegue a las bases. Apuntó que muchas veces los administradores del dinero com­pran surtidores de combustibles o estancias para su provecho personal, y que las denun­cias de esas irregularidades no tienen anda­miento en la justicia.

Afirmó que si se cumplieran la Constitución Nacional y las leyes, las cosas serían muy diferentes, pues las instituciones y personas darían cumplimiento a su misión de servir a la gente.

Así como la política es la actividad orien­tada al ejercicio del poder para adminis­trar un país o una comunidad para resolver problemas y encauzar sus inquietudes, bus­cando el bien común, la politiquería es todo lo contrario. Constituye más bien la dege­neración de la política, el uso del poder para sacar ventajas económicas para provecho propio o de grupo, sin importar el interés de las mayorías y sus necesidades.

Y lo peor, mediante la protección que tienen los politiqueros, siembran la corrupción por doquier para contaminarlo todo cubiertos por la impunidad que los apaña.

Ejemplos de la actuación cuestionable de políticos y funcionarios existen en abun­dancia, pero entre los más actuales puede citarse, por ejemplo, la utilización del pre­supuesto público para provecho de su clien­tela partidaria. Eso ocurre hoy con las modificaciones realizadas al proyecto de presupuesto estatal para el 2020 para bene­ficiar a los amigos con aumentos salariales que no corresponden, creando cargos que no se necesitan y así cumplir las promesas a los clientes, dando más dinero a las agrupa­ciones políticas de cara al año de elecciones municipales.

Otro de los casos clásicos del uso del poder para alcanzar ventajas económicas es la mala utilización que se da al dinero del Fonacide y de otras partidas presupuesta­rias en los departamentos del país, tanto en las municipalidades como en las gober­naciones. Existen numerosas denuncias sobre casos bien concretos de corrupción que hasta hoy la justicia no ha atendido para castigar a los que usan el dinero público para su provecho personal.

Uno de los casos más frecuentes es la mala utilización de los fondos estatales destina­dos para el almuerzo o merienda escolar, que se desvían para gastos inexistentes y van a parar a las cuentas de los corruptos. O el uso mafioso de facturas falsificadas para sustentar obras o compras que no se han realizado y así dirigir el dinero hacia fines inconfesables.

Las extendidas garras de la politiquería y los numerosos politiqueros que aprovechan sus cargos para robar el dinero público son una gravísima enfermedad social y política a la que la sociedad y las instituciones tie­nen que enfrentar alguna vez. No se puede seguir admitiendo a los ladrones de guante blanco que se aprovechan de sus cargos para saquear descaradamente al país.

La denuncia realizada por uno de los cele­brantes de la misa en Caacupé debe llamar la atención a las instituciones y a la clase dirigente del país. El Poder Judicial debe actuar con prontitud sobre las numerosas denuncias de corrupción de los políticos y los otros poderes del Estado, como el Eje­cutivo y el Legislativo, deben comenzar a sanear sus filas de la gente que aprovecha sus funciones para rapiñar a la nación.