El Supremo Tribunal de Justicia (STJ) del Brasil, uno de los dos órganos de la máxima instancia judicial del vecino país, ayer se ajustó a derecho y corrigió una aberrante ilegalidad que se había producido en primera instancia con una absurda y desproporcionada orden de detención de un juez federal librada, nada menos, contra un ex presidente paraguayo. El magistrado Rogerio Schietti Cruz devolvió cierta credibilidad a la actuación de la justicia brasileña al revocar la orden de detención contra Horacio Cartes, ya que no existen “indicios suficientes” de que haya incurrido en un crimen.

El dictamen, a modo de relatorio del juez Schietti Cruz, es una verdadera sentencia que no solo sirve de jurisprudencia, sino que termina demoliendo –punto por punto– con argumentos sólidos y jurídicos los supuestos fundamentos del proceso contra Cartes y otros paraguayos más, que están incluidos en la investigación del caso Messer.

Jurídicamente, el relatorio del juez del máximo tribunal derrumba cada uno de los puntos que sostienen tanto el Ministerio Público Federal, que está encargado de la investigación, así como el juez Marcelo da Silva Bretas, el que impone la medida cautelar de detención.

Sin tratar el fondo de la cuestión del hábeas corpus ni que eventualmente una posterior investigación pudiera arrojar alguna acción reprochable, el ministro del STJ encontró aspectos inconsistentes a nivel jurídico y hasta elementales o de sentido común.

Igual a lo que apuntaban los abogados Jacinto Coutinho y Edward Rocha Carvalho –los abogados brasileños del ex presidente–, el juez Schietti Cruz, por ejemplo, coincide en el aspecto de la territorialidad al señalar que la justicia brasileña no puede ni debe tener aplicación en territorio paraguayo.

Una parte del dictamen, que es aleccionador y arrollador, destaca: “Antes que nada, el auxilio a un fugitivo en Paraguay por un ciudadano extranjero no implica la aplicación de la ley y la jurisdicción brasileña. Además, las relaciones familiares y contactos en agenda telefónica no son conductas punidas criminalmente”.

Este extracto del relatorio del magistrado ataca el corazón mismo del proceso iniciado por los fiscales. Primero que el supuesto delito cometido por un paraguayo en territorio paraguayo no puede ser objeto de investigación ni de procesamiento por parte de la justicia del vecino país. Más claro, imposible. Un mensaje no solo para el interior del Ministerio Público brasileño, sino un recado contundente en forma de cachetada para un amplio sector de la prensa y la clase política paraguayas, absortas en su propia hipocresía. Segundo, y esto es más un aspecto formal que de fondo, los mensajes de Whatsapp tampoco constituyen conductas punidas criminalmente.

La lección de derecho del alto magistrado brasileño está presente prácticamente en cada párrafo de su relatorio. Pero, sin dudas, en lo que parece ser una lección de “Introducción básica a las ciencias jurídicas”, es un capítulo en el que Schietti Cruz alecciona al juez de menor jerarquía al señalar que la orden de prisión (que pesaba sobre Cartes y otros 7 ciudadanos paraguayos) es una medida de “naturaleza excepcional” que debe ser “suficientemente motivada, con indicación de las razones fácticas y jurídicas que justifican la cautela”. La fiscalía brasileña no pudo demostrar ninguno de estos presupuestos ante un juzgado federal, ni siquiera en una entrevista sostenida con La Nación la semana pasada, cuando la supuesta diligencia de los agentes brasileños (Valeriano o Ferrari) no podía sostener la legalidad de una carta o de mensajes de Whatsapp.

El supuesto dinero, los mensajes del “doleiro”, la relación de amistad, etc., etc., etc… Nada de esto es un crimen, según el juez Schietti Cruz; son apenas indicios. Indicios que hay que solventar con hechos fehacientes, concretos. Indicios que ningún juez –medianamente instruido o mínimamente independiente– se hubiera atrevido a admitir en un proceso que no estuviera viciado e influenciado por sectores políticos.

Afortunadamente, la justicia puede tener numerosos vicios que se materializan en un sistema que puede estar corrupto y poluido, pero allá en el fondo hay magistrados que demuestran integridad e idoneidad para promover un restablecimiento de la legalidad… Aun en Brasil.