La justicia del Brasil está atravesando en los últimos tiempos momentos de gran estridencia. Tal el caso conocido como Lava Jato, por el que se ha apresado a altos funcionarios brasileños. En esa tarea, la justicia brasileña ha procedido de acuerdo a las leyes de ese país investigando los hechos acon­tecidos en el territorio brasileño, con aciertos y desaciertos, pero sin salir de la territorialidad de la ley, un principio universal del derecho que siempre se ha respetado. Lo que no resulta nada raro ni sorprendente porque corresponde al orden jurídico.

Pero en ese caso la justicia del vecino país ha estado fuertemente marcada por su ligazón con la política y, sobre todo, con ciertos secto­res vinculados con el poder político establecido actualmente. Tanto, que es evidente el haber perseguido a representantes de algunos sectores políticos adversos al poder actual y favorecido a elementos con cercanía con los detentores de ese poder. El mejor ejemplo de esta tendencia son los gruesos errores cometidos durante la inves­tigación del caso del ex presidente Lula da Silva que, con enorme pesar del poder político vigente, acabó con su liberación, en mérito de la falta de elementos concluyentes.

Las declaraciones de Lula evidencian las causas reales de la actuación de la justicia, pues siem­pre alegó que era víctima de un proceso político y que su encarcelamiento solamente buscaba impedir que se presentara a las elecciones del 2018. El caso fue muy polémico, pues se produjo en los meses previos a las elecciones presiden­ciales brasileñas en las que Lula era claramente favorito y que mediante su apresamiento lleva­ron a la presidencia al ultraderechista Jair Bol­sonaro.

Como han afirmado algunos observadores, esta forma de actuar de la justicia brasileña tiene dos objetivos centrales: ser un garrote contra sus adversarios políticos, como ocurre con el caso de Lula, y generar elementos de distracción sufi­cientemente importantes para sostener el relato de la “eficiencia” de los investigadores del Lava Jato, algunos de ellos futuros candidatos políti­cos.

En el caso relacionado con el ex presidente Hora­cio Cartes, la policía del vecino país investigó las conexiones de Darío Messer con Paraguay y excluyó a Cartes. Por eso surge, inevitable, la pregunta de ¿por qué la fiscalía lo incluyó? ¿Qué razones o intereses hay detrás de esa medida?

Para explicarlo existe la teoría de que, tras el reconocimiento del vergonzoso fracaso con Lula necesitaban un personaje de alto nivel para así recuperar la “estrella del sheriff”. Y para ello nada mejor que un ex presidente de un país vecino para personificar la necesaria cabeza de turco que necesitaban.

Las mismas especulaciones señalan que a con­secuencia de ello se instala a Cartes en la acu­sación aprovechando que el mismo había hecho numerosas alusiones a su amistad con Messer en el pasado. Es una manera de involucrar a alguien importante para mantener la atención mediá­tica en alto y la fama de grandes investigadores sin discusión.

Teniendo en cuenta el pedido de detención de los brasileños contra Cartes por un hecho que habría acaecido en Paraguay, fuera de la jurisdic­ción de ese país, la burla hacia nuestro país de los personeros judiciales del Brasil es muy evidente. Es tan evidente, que por hechos bien probados, como el caso Odebrecht, en el Perú han sido pro­cesados y condenados varios ex presidentes del país y otros altos funcionarios, pero ninguno fue requerido por la justicia brasileña.

En concreto, a la justicia brasileña jamás se le ocurrió pedir captura ni extradición de cuatro ex presidentes con profundas implicancias pro­badas en el caso Odebrecht en Perú. Alguno de pensamiento agudo podría reflexionar: Para­guay tiene Itaipú, Perú no.

Por eso vale la pena preguntarse: ¿qué tiene Perú en materia de soberanía que no tenga Paraguay? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro país? Una sola: el Paraguay tiene políticos y periodistas capaces de entregar la soberanía con tal de tratar de saciar su sed de odio hacia Horacio Cartes.

Pero también hay otros elementos que conside­rar: la justicia brasileña y sus sheriffs necesita­ban un caso importante tras el fracaso con Lula de cara a los próximos comicios. Por eso buscan a un ex presidente con gran poder local y alto empresario. Brasil se quiere aprovechar de la falta de conciencia cívica que hay en Paraguay para defender su soberanía y la territorialidad de las leyes.

Finalmente el rehén que se busca no es Cartes, es Paraguay.