Uno de los puntos más llamativos y cuestionables del requerimiento judicial brasileño contra el ex pre­sidente Horacio Cartes es el pedido de prisión por un hecho que se menciona como acaecido en territorio paraguayo y tampoco existe prueba.

Aparte de otras inconsistencias de la medida de la justicia brasileña, resalta con caracteres muy propios esta extraordinaria aberración judicial de pretender ir nada menos que contra la territorialidad de la vigencia de las normas jurídicas, queriendo hacer valer en Paraguay una norma brasileña, que sería como preten­der castigar con la ley paraguaya un hecho ocurrido en Brasil.

Es una pretensión ridícula por donde se la mire, que sería causa de hilaridad si no fuera un hecho tan grave que pretende nada menos que menoscabar la soberanía paraguaya en aras del capricho de unos señores que se creen, equivocadamente, los dueños de la actividad jurídica en otros países.

La ley es una norma jurídica que tiene vigencia en un territorio geográfico determinado y que obliga a su cumplimiento y castiga su infrac­ción a los habitantes de la zona donde rige. La territorialidad de la ley es una de las carac­terísticas esenciales de cualquier norma que nadie discute en teoría porque sería como pre­tender que la oscuridad es luz, aunque unos fiscales y jueces de Brasil quieren socavarla, para risa y escándalo de muchos.

Tan importante es la territorialidad de la ley que en los países federales como Brasil, Esta­dos Unidos o Argentina, así como hay deli­tos considerados federales y están a cargo de la justicia nacional federal, hay otros que son estatales o provinciales cuya pena está a cargo de la justicia estatal o provincial. Así en Esta­dos Unidos hay delitos que solo son punibles, por ejemplo, en el estado de Nueva York, y que no pueden ser juzgados fuera de esa juris­dicción, como en Florida, porque ese delito estatal se cometió y es castigado por la ley y la justicia del estado neoyorkino. Porque las leyes estatales rigen solo en el territorio de ese estado. Tan determinante es la territorialidad de la ley.

No está demás repetir, sobre todo en esta oca­sión, que fuera del área geográfica de su vigen­cia la ley no tiene ningún valor. Lo que quiere decir que la ley brasileña no tiene ningún valor en Paraguay ni en ningún otro país del mundo.

Por consiguiente, los hechos acontecidos en el Paraguay no son competencia de la fiscalía ni de la justicia de Brasil, una verdad tan ele­mental que lastimosamente hace falta reiterar una y otra vez. O, dicho de otro modo, un juez brasileño no puede juzgar un acontecimiento producido en el Paraguay y menos aún si no se sabe si aconteció. Lo que en la propia ley del vecino país está estipulado cuando el código penal brasileño dice que sus autoridades juris­diccionales solo pueden juzgar lo sucedido en territorio de Brasil. Una verdad de Perogrullo, pero que es necesario recordar.

Por ello, luego de la sorpresa e indignación producida por la pretensión brasileña, hay que puntualizar con claridad que no se puede aceptar, ni en broma, la intromisión de la jus­ticia brasileña en la República del Paraguay. Nuestro país es libre y soberano desde hace más de 200 años y por defenderse de las pre­tensiones hegemónicas de otros países, como Brasil, ha sostenido cruentas guerras donde murieron miles de paraguayos para legar­nos la autonomía política que hoy tenemos. Conviene recordar en este momento que, durante la Guerra contra la Triple Alianza, Brasil ocupó con su ejército durante 6 años el Paraguay y luego de la ocupación se quedó con 62.325 kilómetros cuadrados de territo­rio paraguayo, y se llevó a la fuerza al Mato Grosso a 1.500 mujeres paraguayas, ade­más de otras reliquias históricas que nunca devolvió. Esos hechos de fuerza ilegítimos del pasado no le dan derecho para burlar hoy nuestra soberanía.

No se trata de ser brasilerista o antibrasile­rista, sino simplemente de resaltar que nin­guna autoridad de Brasil, ni política, ni judi­cial, ni de ninguna índole, tiene jurisdicción en el territorio de la República del Paraguay. Aclaración que más que nunca hace falta poner de resalto en este momento ante la equivocada pretensión hegemónica de algu­nos funcionarios judiciales del vecino país que bajo el pretexto de hacer justicia en Bra­sil quieren pisotear irrespetuosamente la soberanía del Estado paraguayo y sus insti­tuciones.