La Cámara de Senadores, que se reunirá el próximo 27 de noviembre en sesión plenaria, deberá definir si mantiene los números del presupuesto estatal para el 2020 modificados por la Cámara de Dipu­tados, o si, por el contrario, los rechazará para dar vía libre a cifras más pruden­tes y que no castiguen tan duramente a la administración del dinero público. Este es el dilema que se tiene a esta altura del año para no permitir que el desenfreno en el uso del dinero público, que ya es grande, llegue al colmo de poner en peli­gro el equilibrio fiscal.

Fuentes de la Cámara de Senadores seña­laron que tratarán de mantener las cifras que habían aprobado inicialmente en la Cámara Alta, que tiene sus cuestiona­mientos. Aunque también se estima que otra alternativa es aceptar lo aprobado por la Comisión Bicameral de Presu­puesto. Pero como el proyecto pergeñado por la Bicameral también tiene sus pun­tos cuestionados, al final Hacienda podría recurrir al veto.

La Cámara de Diputados aprobó la semana pasada, en una sesión llena de incidentes, un proyecto de ley con muchas sorpresas desagradables como el aumento de salarios sin respetar las nor­mas vigentes, la creación de nuevos car­gos y la contratación de mayor cantidad de funcionarios. El principal cuestiona­miento que se le hace a lo resuelto por la Cámara Baja es que hará que el manejo de las finanzas públicas en el 2020 sea mucho más complicado, pues le impone ataduras que no tenía el Presupuesto de este año, lo que los técnicos denominan rigidez. La rigidez consiste en que a la hora de administrar el gasto público, el administrador tendrá atadas las manos y deberá usar la mayor parte del dinero disponible para pagar salarios y afines que no se pueden recortar ni dejar de pagar. Ello obligará a que, si hay nece­sidad, tengan que recortar otros gastos como los sociales o los destinados a las inversiones a favor de las erogaciones improductivas.

Los principales puntos de la discusión se refieren a las reprogramaciones hechas en Diputados para aumentos no previs­tos. Tal es el caso del adelanto del pago de incrementos ya aprobados para media­dos de año a los docentes que se reali­zará desde abril, o los aumentos de 7,3% al personal de la Ande y a empleados del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH). Además de la creación de nuevos cargos para la Corte Suprema de Justicia, Minis­terio Público, Defensa Pública, lo que no estaba previsto en el proyecto original del Presupuesto.

Aparte del alza de la rigidez presupues­taria, los incrementos autorizados en el proyecto de ley modificado por Diputados son ilegales de momento, ya que van con­tra las disposiciones de la Ley de Respon­sabilidad Fiscal (LRF), pues si se dieran las subas no tendrían que ser superiores al aumento establecido para los trabaja­dores del sector privado, que es el porcen­taje de la suba que prevé el Presupuesto para los que ganan el mínimo.

Si el proyecto de presupuesto que apruebe la semana entrante el Senado no elimina el aumento de los gastos rígidos, el Ministerio de Hacienda podría recurrir al veto del Poder Ejecutivo para recha­zarlo y hacer que rija el año entrante el plan de gastos de este año. Así indicaron algunos voceros del ministerio fiscal, que no se sienten cómodos con las cifras esta­blecidas ni por la Bicameral ni por cada una de las cámaras del Congreso. Aun­que explicaron que esta medida sería una acción extrema, pero no improbable. En el pasado reciente, durante la administra­ción Cartes, ya se había tenido que recu­rrir al veto de la ley de presupuesto apro­bada por el Congreso para salvaguardar el equilibrio de los gastos públicos.

Por ello las expectativas están puestas ahora en lo que puedan resolver los sena­dores en la semana venidera.

Sería bueno que en la sesión del Senado se corrijan los defectos más graves que se introdujeron al proyecto de ley para que sea más viable su ejecución en un año económico que hasta ahora es un incóg­nito. En el manejo de la cosa pública debe primar la cordura y el buen sentido para no poner en peligro la suerte del país, por lo que es un imperativo que el Senado haga los arreglos necesarios.