Un vocero de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) señaló el lunes que una de las preocupaciones principales de los obispos del país es la pobreza porque la lucha contra ese flagelo no ha progresado. “No avanzamos en la disminución de la pobreza y la extrema pobreza”, afirmó textualmente el secretario general de la CEP, quien agregó que no basta con las buenas intenciones, sino que hay que tener acciones concretas. El comentario episcopal no es una simple queja casual, sino la expresión de la preocupación de los pastores luego de haber escuchado la exposición de un alto exponente del Gobierno, quien les presentó los planes para superar los problemas sociales del país hasta el 2030. Piden resultados concretos y a corto plazo teniendo en cuenta la situación de gran parte del país, que vive en condiciones extremas, especialmente en el área rural, de donde viene la mayoría de los obispos que están en su asamblea de finales de año.

La inquietud de los obispos es también el sentir de mucha gente que, ante los malos resultados económicos de este gobierno, está necesitando salir de los aprietos actuales para superar sus carencias y encarar con posibilidades de éxito su desarrollo.

Las estadísticas oficiales indican que la pobreza total, que en el 2012 era de 31,37% en el Paraguay, en el 2018, cuando concluyó la administración Cartes, descendió a 24,20%, es decir 7,17 puntos porcentuales. En el caso de la pobreza extrema, se tenía en el 2012 al 7,4% de la población en condición de pobres extremos, cifra que se redujo al 4,8% en el 2018, lo que representa una caída de 2,6 puntos porcentuales.

Como puede apreciarse, son resultados positivos que no pueden desconocerse. Pero que no son suficientes, sobre todo en este momento del país, que sufre una recesión que golpea más duro a los más vulnerables, como demuestran las cifras de los organismos especializados.

En el primer semestre del año, debido a la fuerte caída de la actividad económica, se produjo una recesión cuyas consecuencias se están sintiendo. A raíz de ello en el trimestre que va de julio a setiembre último, el nivel de los ingresos de los habitantes del país disminuyó en 6% comparado con igual período del 2018. Y los que más sufrieron son los que dependen de la agricultura, la ganadería y, en menor grado, los trabajadores de la industria, el comercio de bienes y servicios. Los efectos de la crisis actual se sintieron también en el aumento de los desempleados y de los subocupados, que del 11,1% del tercer trimestre del año pasado subió al 12,9% en el lapso de julio a setiembre del 2019. En ese mismo tiempo, el porcentaje de trabajadores que percibe menos del salario mínimo legal subió de 34,2% al 35,6%.

Los especialistas señalan que se ha estancado la reducción de la pobreza, que está creciendo el desempleo, que se han reducido los ingresos y no hay progresos en la lucha contra la pobreza rural. Ante este panorama negativo piden medidas efectivas de las autoridades encargadas del país.

Durante la administración anterior los programas de lucha contra la pobreza, como Tekoporã, Tenonderã y otros tuvieron un crecimiento y éxito extraordinarios, lo que ayudó a mejorar la situación de la población más vulnerable, como indican las estadísticas expuestas más arriba. Este gobierno, que está continuando esos programas, debe extenderlos e intensificarlos para sostener la lucha contra la miseria de miles de personas.

Teniendo en cuenta la experiencia política del gobierno anterior, que redujo la pobreza total en un quinquenio en varios puntos porcentuales, la disminución de la pobreza y de la extrema pobreza no es una tarea imposible, como se ha demostrado. Por tanto, el desafío que tiene esta administración es continuar con esa labor mediante un trabajo que pueda dar resultados a corto plazo a fin de aliviar a gran parte de los ciudadanos. Para ello, antes que nada, tiene que poner el acento en reactivar la economía lo más pronto posible para que haya más riqueza y empleo para la mayor cantidad de ciudadanos, sin descuidar la ayuda a los más vulnerables.