En las últimas semanas se han podido ver muestras palpables y angustiantes de cómo el contrabando de mercaderías desde países vecinos, en especial desde la Argentina, se ha convertido en una verdadera calamidad para algunos sectores. Desde productores humildes de tomates de la zona de Caaguazú hasta los de papa y cebollas de otras localidades vienen sufriendo sistemáticamente la embestida de los productos hortícolas que ingresan sin ningún control. Estos productores han tenido que deshacerse de ellos por no hallar mercados y, consecuentemente, endeudarse por no poder colocar sus productos debido a que el mercado está saturado por la invasión de estos.Para poder enfrentar al contrabando es necesario hacerlo desde diversos ámbitos y enfoques, puesto que no solo es un problema de control aduanero, sino también uno de carácter penal.
En ambos ámbitos, la deuda del Estado paraguayo es enorme, puesto que en materia de control no posee los recursos humanos, técnicos y de infraestructura para poder hacer frente a este flagelo; mientras que en materia de represión legal, hasta ahora todas las normativas no han tenido el efecto esperado.
Pese a ello, esta semana el Estado dio un paso que es necesario precisamente para enfrentar esta problemática desde un abordaje más amplio en lo que se refiere a lo estrictamente penal. El Gobierno promulgó la ley que aumenta a 10 años de pena para aquellos condenados por contrabando, tanto para funcionarios estatales como para los que se dedican a este menester desde el “sector privado”.
Lo que pretende el ordenamiento jurídico de nuestro país es contemplar penas más fuertes como para, de esa manera, lograr disuadir a aquellos que practican el contrabando como estilo de vida.
Tras aquel sonado caso en que cayó nada más y nada menos que el jefe del órgano oficial de combate al contrabando (general Ramón Benítez, del Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada –Detave–), se intentó un cambio de mentalidad y de esquema, pero solamente se cambió el nombre. Sin embargo, no se produjo la transformación profunda y real que se esperaba con la entrada en funcionamiento de la Coordinación Operativa de Investigación Aduanera (COIA), creada por el Gobierno para confrontar las actividades ilícitas. Y el resultado está a la vista y se mencionó más arriba: ninguna gracia les hizo a los productores nacionales de tomate, papas y cebollas.
El escenario regional no contribuye mucho y más aún cuando las dos economías más fuertes de la región, como Argentina y Brasil, atraviesan fuertes turbulencias económicas. Sobre el caso argentino en concreto, hay que seguir la evolución de su situación, ya que soporta una devaluación del peso en relación al dólar y que, además, ahora dispuso un cepo cambiario que podría aumentar los productos de contrabando desde ese destino.
Esta situación, que ya está presente en el comercio fronterizo y que causa preocupación al sector empresarial, se produce precisamente porque la desvalorización de las monedas de los países vecinos ya está golpeando las ventas en territorio paraguayo. Cuando las ventas caen, también decaen los ingresos y el Estado no puede disponer de los recursos que requiere para cumplir sus fines.
Está demás señalar entonces la importancia de un plan de acción, una suerte de cruzada a nivel país para combatir el contrabando que involucre no solo al sector público (que tiene la fuerza coercitiva en los papeles), sino también al sector privado, puesto que es este último el que también se ve beneficiado con los favores del comercio ilegal.
Solamente a través de un amplio consenso, patriótico, fiable y eficaz, es posible alcanzar niveles de gestión y transparencia para hacer frente al comercio ilícito.