El proyecto de presupuesto estatal para el 2020 es en estos momentos el asunto más delicado que tienen entre manos algunos poderes del Estado y el Gobierno tiene que tener la sabiduría para saber administrarlo. Están en juego no solo la estabilidad macroeconómica, sino el equili­brio financiero que han mantenido los últimos gobiernos, que son en estos momentos la mejor prenda del país y la envidia de otras naciones que viven en la hiperinflación y el déficit sideral.

Si no tiene la habilidad necesaria, las cosas se irán de las manos y el Paraguay podría volver al caos del gobierno de González Macchi, cuando los salarios públicos se cobraban con retraso y el país caía al borde de la cesación de pagos.

En el Congreso se está en los últimos tramos del estudio del presupuesto estatal y los legislado­res se encuentran entre la espada y la pared, de si respetan los números enviados por el Poder Ejecutivo o complacen a los organismos públi­cos que han pedido aumentos por encima de lo previsto en el proyecto.

La Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP) ha terminado de recibir a los representantes de los ministerios y entidades estatales que explicaron sus propuestas. Los organismos del Estado, tanto los que forman parte del Ejecu­tivo como los descentralizados, han pedido aumentos por un valor global de 4,13 billones de guaraníes (US$ 647,3 millones), lo que repre­senta un incremento del 4,8% sobre el proyecto presentado por el Gobierno de 85,5 billones de guaraníes (US$ 13.400 millones).

El 90% de las sumas adicionales solicitadas por los mismos es para salarios, es decir, gastos que no significarán ninguna inversión en obras, sino simples erogaciones sin trascendencia. Lo que quiere decir que casi la totalidad de los pedidos es para elevar el gasto público intrascendente. O sea, que en vez de recortar los gastos públicos como se viene solicitando, se los va a aumentar.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda han explicado que en el presupuesto actualmente vigente de cada 100 guaraníes que recauda el Estado con los impuestos 74 guaraníes van a los salarios de la Administración Central. En el proyecto de presupuesto que se estudia, para el año que viene 76 guaraníes de cada 100 percibi­dos por el Gobierno irán a sueldos públicos, sin considerar los aumentos que se están pidiendo. No está demás recordar que en la administra­ción Cartes, a comienzos del 2018, solo 71 gua­raníes de cada 100 recaudados iban a salarios estatales, lo que indica que se está en franco retroceso en la utilización de los recursos del Estado.

Teniendo en cuenta la situación de las finan­zas públicas, en el Congreso no pueden admi­tir las solicitudes de incrementos de presu­puestos que pidieron los organismos públicos. Porque va contra la lógica, ya que no hay sufi­cientes recursos disponibles, y contra la disci­plina estatal, dado que el Ejecutivo ha pedido no hacer aumentos. Con la excepción de los entes públicos que tienen recursos propios y cuyos gastos no se solventan con recaudacio­nes fiscales.

El ministro de Hacienda ha advertido que, si se autorizan los incrementos que no tienen cómo cubrirse por falta de ingresos, se corre el riesgo de que los empleados del Estado cobren sus salarios con retrasos porque dependerá de la pobre recaudación que se prevé. Y lo que es todavía peor, que se deberán dejar de lado algu­nos proyectos sociales de gran importancia para más de un millón de personas pobres, que no podrán solventarse ante la eventualidad de privilegiar las alzas salariales porque son gastos rígidos.

Los legisladores oficialistas que estuvieron en el Palacio de López con el presidente de la Repú­blica afirmaron haber recibido la instrucción de que se apruebe un presupuesto equilibrado, que se respeten los números presentados por el Ejecutivo al Congreso. Parece un chiste de mal gusto, pues los organismos que dependen del Presidente, como los ministerios de Educación, del Interior, de Defensa Pública y otros, son los que pidieron salir del presupuesto del Ejecutivo al pedir más dinero.

El Gobierno no puede permitir que se apruebe un presupuesto que va contra el equilibrio fiscal y debe hacer que se eliminen los aumentos que no se pueden pagar. El Congreso debe ser cons­ciente de ello. Si no condenará al país a pasar tiempos más dolorosos.