En toda la etapa democrática, la Justicia paraguaya no se ha caracterizado especialmente por sus sentencias justas y ecuánimes o por erigirse en la de reserva moral de la República. Para ser equitativos, tampoco los otros dos poderes del Estado se han caracterizado por serlo tampoco. Pero digamos que es el sistema judicial paraguayo el que menos avances ha tenido desde el golpe militar de 1989 que derrocó a Alfredo Stroessner.Muchos son los casos –la mayoría de ellos ya ni se denuncian– en los que se han visto cómo la mano negra del amiguismo o del corporativismo han librado de prisión a muchos jerarcas y personajes de diversos pelajes.

Uno de estos últimos capítulos de degradación del esquema judicial de nuestro país se produjo en la zona este del país, por partida doble. La ignominia, la infamia arranca con el deleznable abuso de una menor por parte de un policía, que fue condenado a 10 años de prisión por el abuso sistemático de su hijastra, de apenas 9 años. El caso denunciado llegó a instancias judiciales y afortunadamente –puesto que el circuito judicial de nuestro país también hay gente honesta y justa, como agentes fiscales– en primera instancia se había “hecho justicia”.

Esta condena no recibiría ningún tipo de atención de la prensa si un tribunal de apelaciones de Ciudad del Este no hubiera dispuesto su libertad y pusiese fin a unas seis semanas de prisión de parte del uniformado, quien debía pasar 10 años tras las rejas.

Lo cierto es que la penosa decisión tomada por estos jueces causó lógicamente indignación y conmoción en la comunidad del Alto Paraná. Como una forma de reclamar los derechos de la niña abusada y de exigir que se haga justicia, un grupo de manifestantes se movilizó frente a la vivienda del condenado así como frente a la sede del Poder Judicial esteño, movidos esencialmente por el clamor de que se aplique la condena.

Lo que vino luego de esas marchas y movilizaciones solo cabe en el país del absurdo. Y nuevamente, un estamento judicial es el protagonista para contribuir a un episodio más del país del revés.

El juez penal de Garantías Amílcar Marecos dispuso una medida tan aberrante, indignante y repudiable como lo fue la libertad del policía condenado. Ordenó limitar una garantía constitucional como lo es de la libertad de reunión y manifestación.

Para salvaguardar la integridad de Miryam Meza de López, Aniceto Aníbal Amarilla e Isidro González Sánchez, los tres magistrados que liberaron al agente, el “juez de garantías” dispuso que los manifestantes se manifiesten frente al Poder Judicial, y así también limitó en 300 metros a la redonda la distancia en que los escrachadores podían acercarse a los domicilios de estos magistrados como del policía.

¿Dónde se ha visto semejante aberración por parte de un juez, nada más y nada menos que poner límites a una garantía constitucional? El artículo 32 de la Constitución paraguaya establece claramente que “las personas tienen derecho a reunirse y a manifestarse pacíficamente, sin armas y con fines lícitos, sin necesidad de permiso”. Clarito. No admite discusiones y mucho menos interpretaciones torcidas.

En una entrevista telefónica con Universo 970 esta semana, el juez Marecos intentó justificar su decisión al señalar que buscaba proteger la integridad física de los magistrados y del condenado. Su intención será buena, pero la aplicación de la técnica jurídica es reprobable y de desorientados.

Una garantía constitucional no puede limitarse, restringirse, apocarse o degradarse. En todo caso, lo que el juez Marecos debió realizar es que, en si se produjeran desmanes o hechos ilícitos en las movilizaciones, se individualice al autor o los autores del hecho puntual que constituye un delito. No apelando a restringir un derecho que tiene todo ciudadano de movilizarse pacíficamente.

La reacción a estos hechos irregulares, por ahora, ha tenido una respuesta tibia. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados suspendió a los camaristas, pero todavía no se ha tomado una acción respecto a la libertad del policía, que debe ser revocada; en tanto el juez Marecos suspendido o removido.

De esta manera, la Justicia paraguaya podría empezar a tener credibilidad.