La Comisión Bicameral de Investiga­ción del acta bilateral sobre Itaipú postergó la entrega del informe final que estaba prevista para el miércoles. Pero a pesar de no haberse divulgado el docu­mento definitivo, los hechos que se conocen y que motivaron el rechazo oficial del acta entre ambos países muestran la responsabilidad final de las más altas autoridades del país.

El vocero principal de la comisión ha sido muy expresivo en esa materia al señalar que con base en los testimonios que escucharon en el grupo investigador queda patente que tanto el presidente de la República, el vicepresidente y el ex embajador paraguayo ante el Brasil esta­ban en conocimiento de las negociaciones para la suscripción del acuerdo bilateral finalmente repudiado.

Por detalles que se conocen de las declaracio­nes de los informantes de la Comisión Bica­meral se sabe que, desde el comienzo hasta el final de las negociaciones, el Brasil intentó imponer sus condiciones. Ante la anuencia del principal negociador paraguayo, tales exigen­cias que avasallan los intereses nacionales se admitieron en el documento que suscribieron las representaciones de los dos países. De no haberse generado disidencias, el acta bilateral habría podido pasar desapercibida.

Otro de los miembros de la Comisión Bicame­ral dijo que la conclusión a que se ha llegado luego de las numerosas audiencias de los testi­gos no permite dudas: la responsabilidad más importante en acordar la cesión de energía de Itaipú en beneficio del Brasil es del principal negociador, el ex embajador ante ese país. Y los que comparten esa carga son los altos funcio­narios de quienes dependía, como el entonces canciller y el presidente de la República.

Todos los documentos, informes y declara­ciones que se hicieron en la investigación están disponibles en las páginas de internet del Senado en las que se puede hacer el segui­miento de las negociaciones para determinar finalmente las responsabilidades. Con el solo análisis de los mismos se puede llegar a la con­clusión de quiénes son los que tuvieron parti­cipación en el acta rechazada, sin necesidad de recurrir a interpretaciones forzadas por inte­reses político-partidarios.

Viendo los documentos se puede conocer el primer proyecto de acta propuesto por Brasil, que incluye las modificaciones que se estable­cieron sobre el régimen vigente para perjuicio de Paraguay, que finalmente se admitieron en el acta firmada el 24 de mayo.

A fines de marzo, Brasil señaló a Paraguay la necesidad de que se estudie la contratación de potencia de Itaipú para el 2019, y más tarde hizo lo mismo para el período 2020-2022. El 16 de abril, Brasil pasó a Paraguay el primer proyecto del acta bilateral y el 20 de ese mes nuestro país respondió aceptando el 70% de lo propuesto por los brasileños, por lo que el 22 se redactó otro proyecto, que finalmente fue aceptado el 24 de mayo con la firma del acta final entre ambos países.

Para los miembros de la comisión pertenecien­tes a partidos de la oposición, la responsabili­dad del presidente de la República en la acep­tación del acuerdo bilateral luego rechazado no se puede desconocer. Y, por consiguiente, podría dar lugar a un nuevo requerimiento en el Congreso para un juicio político. Esta posi­bilidad había sido rechazada en agosto pasado, pero ante las nuevas circunstancias y los rea­comodos partidarios, acaso podría volver a plantearse.

Aunque las conclusiones de la Comisión Bica­meral no son vinculantes, en el sentido de que no podrían dar lugar a inculpaciones penales, lo importante es que el país tiene claras las res­ponsabilidades en la frustrada acta bilateral.

Pero lo más importante es que los responsa­bles de la aceptación de dicho acuerdo que iba contra los intereses del Paraguay no deben quedar sin el castigo que corresponde no solo desde el punto de vista político, sino también penal. No basta con las renuncias, las movidas de funcionarios, las declaraciones condenato­rias, si no hay una penalización proporcional al hecho denunciado.

Por eso la investigación que está realizando el Ministerio Público es de suma importan­cia, pues mediante su trabajo se podría llegar al juzgamiento de las personas que resulta­ren responsables del hecho para que la Justicia finalmente determine su culpabilidad y les dé el castigo condigno.