No es muy usual que los “tirones de oreja” a un gobierno provengan de alguna embajada extranjera o de algún gobierno aliado. Y es poco usual que este llamado de atención provenga de la legación estadounidense que, a pesar de que sus diplomáticos poseen cierto peso en el país, casi siempre se mantienen al margen en lo que atañe a los asuntos internos del Paraguay, salvo en casos de calamidad o de amenazas reales. Se permiten abandonar su usual habilidad en la diplomacia cuando se presentan hechos de conmoción nacional que representan un peligro para la institucionalidad. Definitivamente, las expresiones del embajador Lee McClenny no se ajustan a un hecho de esas características, por lo cual llaman la atención sus opiniones y el contexto en el que se produjeron.

McClenny reflexionó el último viernes acerca del “momento que vive el Paraguay”, y en el mismo párrafo conjuga la actualidad del país con “la lucha contra la corrupción e impunidad”, como una forma de “ejercer la democracia”.

Es el contexto en el que se producen las declaraciones que llama la atención la postura del representante del gobierno de Donald Trump en Asunción. Hoy, las presuntas irregularidades saltan en varias instituciones, como por ejemplo en Petropar donde las autoridades de la petrolera estatal intentan justificar un faltante de unos 52 millones de dólares, que –por ahora– el ente no puede explicar su destino.

El caso Petropar es apenas “el último” de una serie de hechos de corrupción que salpican a varias entidades del Gobierno. Antes, con apenas unos días de intervalo, se sucedieron el caso de las “comisarías móviles” y de las “notebooks de oro” que claramente mostraban sobrefacturaciones que fueron avaladas desde las más altas esferas del Ministerio del Interior.

Quizás el caso más grave tenga que ver con el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), donde una verdadera rosca mafiosa operaba para adjudicar propiedades en la Región Occidental a cambio de millonarias sumas que cobraban como coima por parte de productores. La denuncia realizada por La Nación desembocó en la dimisión del titular del ente y la imputación de dos ex altos funcionarios.

Estos casos, todos ellos respaldados por documentaciones que comprometen a los administradores de estas entidades, reflejan que ha habido muy poca reacción de parte del Poder Ejecutivo en dilucidar o aclarar los hechos, lo que termina en cierta manera dando la razón a la queja norteamericana.

No cabe duda que la lucha contra la corrupción no es exclusividad del Ejecutivo, el Estado lo ejercen también los otros dos poderes, que en cierta medida están salpicados por hechos de corrupción.

En el ámbito judicial, por ejemplo, hay jueces y fiscales vinculados a liberaciones sospechosas y con elementos del narcotráfico. En ámbitos legislativos, algunos parlamentarios con causas pendientes ante la Justicia reciben el blindaje de parte de sus pares, sin siquiera permitir que el proceso para defenderse de las acusaciones continúe con normalidad.

Aunque sorpresiva la reflexión con tono de reclamo del embajador norteamericano, lo cierto es que más allá de la reflexión es una señal, un mensaje para que las autoridades de los tres poderes del Estado, en especial del Ejecutivo, recapaciten y obren de acuerdo a las expectativas que tiene la ciudadanía.

Solo de esta manera, decodificando el mensaje y aplicando sus fundamentos, ese ejercicio de administrar un país podrá de nuevo acercar a mandatarios y mandantes, y que estos últimos –el pueblo– sean los mayores beneficiados.