Una semana después de que la Fisca­lía allanara las oficinas del Insti­tuto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), el presidente de la institución, quien inicialmente había ase­gurado que no renunciaría, abrumado por las denuncias de corrupción, presentó su dimi­sión y se fue. Todo indica que había un esquema montado para el cobro de coimas por parte de personas que según las primeras pesquisas estarían apadrinadas por el ministro de Agri­cultura y Ganadería. Este diario ha publicado sus investigaciones, en las que se demuestra la influencia del secretario de Estado en los mane­jos del ente, que ahora vive uno de sus momen­tos más difíciles de crisis institucional.

Los medios divulgaron las grabaciones de las conversaciones realizadas con autorización judicial en las que queda claro que varios fun­cionarios de alto nivel estaban metidos en el esquema de pedir dinero para conseguir resolu­ciones y autorizaciones especiales para la titu­lación de tierras. Según la investigación de este diario, los chats telefónicos entre altos funcio­narios hablan de la influencia del ministro del MAG, a quien se refieren con las iniciales de su nombre y apellido en las negociaciones que luego fueron denunciadas como irregulares. Como consecuencia de la actuación de la Fisca­lía, dos ex altos empleados de la institución, uno de ellos íntimo del titular del MAG, están impu­tados por la supuesta comisión de delitos.

El propio presidente renunciante del Indert, al salir del Palacio de López, donde fue a pre­sentar su dimisión, reconoció como ciertas las denuncias de irregularidades. Dijo que “allí trabaja una rosca” mafiosa y que si la hubiera identificado hubiera hecho la denuncia corres­pondiente. Con ello quiso defenderse de las acu­saciones de que no estaba haciendo lo suficiente para terminar con los casos de corrupción. En la ocasión, sus palabras fueron muy diferentes a las dichas en una conferencia de prensa, varios días atrás, cuando aseguraba que no renuncia­ría al cargo porque entonces consideraba que “no había motivos” para dejar la institución.

En sus últimas declaraciones dijo que lo están queriendo involucrar en las irregularidades, en las que no está metido según él. “Yo renun­cié, primero por toda esta situación. No estoy acostumbrado a estar así. Quise colaborar con el Gobierno por mi capacidad y experiencia”, apuntó. Para agregar que no quería salpicar a nadie, aunque en otro momento hizo acusacio­nes contra algunos de los altos funcionarios ahora imputados.

Aunque el Ministerio Público es el encargado oficial de realizar las investigaciones judiciales y el que determinará a los responsables de los hechos señalados, las denuncias sobre el trá­fico de influencias, las evidencias del sistema operativo movido mediante órdenes de ciertos personajes también tienen que ser objetos de pesquisa por parte del Gobierno. No es ningún secreto que muchos altos funcionarios siempre aprovechan los cargos que ostentan para favo­recer a los amigos, apurar trámites, obtener pri­vilegios y hasta pisotear algunas normas para conseguir sus objetivos no siempre santos.

Uno de los hechos denunciados por este diario indica que el ministro del MAG habría usado sus influencias en el poder para que un empre­sario amigo suyo consiguiera cobrar una suma cercana a los 7 millones de dólares como intere­ses de una deuda del Estado. Por lo exorbitante del monto, puede decirse que el improvisado gestor de cobranza obtuvo de ese modo un pago poco habitual en nuestro medio.

Hechos como el mencionado no pueden quedar en la nada cuando se quieren limpiar las insti­tuciones estatales y poner en orden las finan­zas públicas. Es más, aparte de una exhaus­tiva investigación de este o similares hechos para poner en claro la situación, las personas involucradas deben asumir sus responsabili­dades y salir de la función pública por el daño que están haciendo. Por su parte, las más altas autoridades del país no pueden cerrar los ojos a las denuncias, sino someterlas a investigación y determinar las responsabilidades de los involu­crados para denunciarlos y que la Justicia les dé el castigo que corresponde. Las irregularidades en el Indert y en cualquier otra institución esta­tal no deben quedar impunes de ningún modo.

Y en esta tarea, el Gobierno tiene un papel fun­damental si quiere darle credibilidad a su ges­tión. Porque la corrupción es la peor condecora­ción que puede ostentar en el desempeño de sus actividades.