Ante el panorama económico actual de recesión, fuerte déficit en las recaudaciones públicas y con organismos estatales cada vez más voraces por aumentar las erogaciones improductivas, el país no tiene otra opción que contener el gasto a toda costa. Esta tarea se hace más ardua ahora que en el Congreso se está analizando el proyecto de Presupuesto para el 2020 y diversos organismos y empresas públicas piden incrementar los gastos para el año venidero sin tener en cuenta la necesaria austeridad.
Si el Gobierno no tiene la capacidad de frenar los gastos inútiles, todos los esfuerzos que se hagan para mejorar la situación del país no tendrán éxito. Sobre todo teniendo en cuenta que en sus propias filas están los francotiradores que disparan contra sus planes. Uno de sus principales desafíos es hacer que los organismos y empresas del Estado se comporten con disciplina y no rompan los propósitos de prudencia.
El Banco Central del Paraguay (BCP) reconoció oficialmente que estamos en plena recesión, ya que la economía cayó en dos trimestres sucesivos, lo que ha hecho que de enero a junio último el Producto Interno Bruto (PIB) haya declinado en 2,5%. La comprobación de este diagnóstico negativo significa que el Estado tiene que redoblar los esfuerzos y liderar la lucha para salir de la crisis.
En la tarea de contener gastos no hay otro responsable que el Gobierno y los organismos que forman parte de la comunidad estatal. Por lo que es clave en estos momentos que el presupuesto público para el 2020 no se vea inflado por los incrementos a los que son tan proclives las instituciones estatales.
En las dos semanas en que la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP) escuchó las propuestas de organismos públicos para el 2020, siete instituciones pidieron aumentos no contemplados en el proyecto de ley por valor de 531,2 millones de dólares. Los que quieren vulnerar el propósito de austeridad son: la Corte Suprema de Justicia (pidió 60 millones de dólares más), Tribunal Superior de Justicia Electoral (US$ 8,3 millones), Ministerio de Defensa Pública (US$ 8,3 millones), Ministerio de Desarrollo Social (US$ 0,8 millones), Policía Nacional (US$ 119 millones), Ministerio de Educación y Ciencias (US$ 51,8 millones) y Ande (US$ 283 millones). Excepto el ente eléctrico, que tiene sus propios recursos, todos los demás dependen de lo que recauda el Ministerio de Hacienda de los impuestos. Se aguarda que similares pedidos de más fondos para gastos hagan los demás organismos estatales que todavía no pasaron por la comisión bicameral, como es habitual.
Asustado por el aluvión de aumentos que piden dentro del Estado, el ministro de Hacienda escribió en su cuenta de Twitter que, si se incluyen más gastos rígidos en el presupuesto venidero, habrá menos plata para inversiones en infraestructura y programas sociales. El secretario de Estado tiene motivos para asustarse, ya que hasta agosto último el 91% del presupuesto público se destinó a salarios, jubilaciones, pago de la deuda y gastos sociales, que son erogaciones rígidas que no se pueden dejar de abonar. En tanto que las recaudaciones, especialmente las de Aduanas, dejan mucho que desear.
Ante este panorama poco alentador, el Gobierno tiene la obligación de tomar las riendas de la situación con más energía y determinación. Ya no puede permitir que los ministerios y otros organismos públicos sigan pidiendo alzas de gastos en el Congreso como si no fueran parte del Estado y no les importara la suerte del país. Por decreto, el Presidente debe prohibir que los responsables de los entes estatales continúen irresponsablemente pateando contra su propio arco, como se dice en la jerga futbolística. El comportamiento irregular que demuestran debe ser castigado por ir contra los intereses nacionales. Ya es suficiente con los abusos que están instalados en el manejo del dinero público para admitir otros.
Es de esperar ahora que los legisladores tengan en cuenta la delicada situación deficitaria del Estado y no se presten a autorizar los incrementos que están por encima de lo prudente para no empeorar las finanzas públicas.
Es ya hora de poner fin a los gastos improductivos a cualquier precio si no se quiere llevar al país al desastre.