Ante el panorama económico actual de recesión, fuerte déficit en las recau­daciones públicas y con organismos estatales cada vez más voraces por aumentar las erogaciones improductivas, el país no tiene otra opción que contener el gasto a toda costa. Esta tarea se hace más ardua ahora que en el Congreso se está analizando el proyecto de Presupuesto para el 2020 y diver­sos organismos y empresas públicas piden incrementar los gastos para el año venidero sin tener en cuenta la necesaria austeridad.

Si el Gobierno no tiene la capacidad de fre­nar los gastos inútiles, todos los esfuerzos que se hagan para mejorar la situación del país no tendrán éxito. Sobre todo teniendo en cuenta que en sus propias filas están los francotirado­res que disparan contra sus planes. Uno de sus principales desafíos es hacer que los organis­mos y empresas del Estado se comporten con disciplina y no rompan los propósitos de pru­dencia.

El Banco Central del Paraguay (BCP) recono­ció oficialmente que estamos en plena rece­sión, ya que la economía cayó en dos trimestres sucesivos, lo que ha hecho que de enero a junio último el Producto Interno Bruto (PIB) haya declinado en 2,5%. La comprobación de este diagnóstico negativo significa que el Estado tiene que redoblar los esfuerzos y liderar la lucha para salir de la crisis.

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En la tarea de contener gastos no hay otro res­ponsable que el Gobierno y los organismos que forman parte de la comunidad estatal. Por lo que es clave en estos momentos que el presu­puesto público para el 2020 no se vea inflado por los incrementos a los que son tan proclives las instituciones estatales.

En las dos semanas en que la Comisión Bica­meral de Presupuesto (CBP) escuchó las pro­puestas de organismos públicos para el 2020, siete instituciones pidieron aumentos no contemplados en el proyecto de ley por valor de 531,2 millones de dólares. Los que quie­ren vulnerar el propósito de austeridad son: la Corte Suprema de Justicia (pidió 60 millones de dólares más), Tribunal Superior de Justi­cia Electoral (US$ 8,3 millones), Ministerio de Defensa Pública (US$ 8,3 millones), Ministe­rio de Desarrollo Social (US$ 0,8 millones), Policía Nacional (US$ 119 millones), Ministerio de Educación y Ciencias (US$ 51,8 millones) y Ande (US$ 283 millones). Excepto el ente eléc­trico, que tiene sus propios recursos, todos los demás dependen de lo que recauda el Ministe­rio de Hacienda de los impuestos. Se aguarda que similares pedidos de más fondos para gas­tos hagan los demás organismos estatales que todavía no pasaron por la comisión bicameral, como es habitual.

Asustado por el aluvión de aumentos que piden dentro del Estado, el ministro de Hacienda escribió en su cuenta de Twitter que, si se incluyen más gastos rígidos en el presupuesto venidero, habrá menos plata para inversiones en infraestructura y programas sociales. El secretario de Estado tiene motivos para asus­tarse, ya que hasta agosto último el 91% del presupuesto público se destinó a salarios, jubi­laciones, pago de la deuda y gastos sociales, que son erogaciones rígidas que no se pueden dejar de abonar. En tanto que las recaudaciones, especialmente las de Aduanas, dejan mucho que desear.

Ante este panorama poco alentador, el Gobierno tiene la obligación de tomar las rien­das de la situación con más energía y determi­nación. Ya no puede permitir que los ministe­rios y otros organismos públicos sigan pidiendo alzas de gastos en el Congreso como si no fueran parte del Estado y no les importara la suerte del país. Por decreto, el Presidente debe prohibir que los responsables de los entes esta­tales continúen irresponsablemente pateando contra su propio arco, como se dice en la jerga futbolística. El comportamiento irregular que demuestran debe ser castigado por ir contra los intereses nacionales. Ya es suficiente con los abusos que están instalados en el manejo del dinero público para admitir otros.

Es de esperar ahora que los legisladores tengan en cuenta la delicada situación deficitaria del Estado y no se presten a autorizar los incre­mentos que están por encima de lo prudente para no empeorar las finanzas públicas.

Es ya hora de poner fin a los gastos improduc­tivos a cualquier precio si no se quiere llevar al país al desastre.

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