El ministro de la Secretaría Nacio­nal Anticorrupción, René Fernán­dez, luego de las publicaciones de este medio, anunció que iniciará una auditoría en el caso de la compra por parte del Ministerio del Interior, de comisarías móvi­les con su mobiliario, que costó un dineral al Estado, y que al final, deberá pagar la ciudada­nía. El secretario de Estado afirmó que la deci­sión obedece a que la información que tomó estado público es muy llamativa.

Es que por los tres puestos, que apenas alber­gan a dos policías por cada uno, se pagó la suma de casi 1.500 millones de guaraníes. Es decir, el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, compró tres comisarías móvi­les equipadas con muebles a precios de “oro”, según el comparativo de venta en el mercado. Mesas que se venden en el mercado a poco más de G. 400.000, el Ministerio del Interior adquirió por G. 7.000.000 y armarios de G. 900.000 a G. 7.350.000.

Por su parte, Pablo Seitz, director de Contra­taciones Públicas, también anunció la aper­tura de una investigación por dichas com­pras. Aclaró que en una licitación se tienen en cuenta todos los ítems a ser adquiridos y no el paquete global, como intentaron explicar las autoridades del Ministerio del Interior. Villa­mayor, presionado por las críticas y el inicio de estas investigaciones, también anunció una revisión.

Son dos instituciones del Estado las que ya anunciaron una intervención en el caso. Espe­ramos que esta vez sí se “detecten” los daños al patrimonio del Estado, ocasionados esta vez por el ministro Juan Ernesto Villamayor.

Lo que más espera la ciudadanía es que se cumpla la tan acuñada frase del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, “caiga quien caiga” y en verdad caigan los corruptos. Porque hasta ahora, por más de que salten las irregularidades en varias carteras de Estado, como en el caso del Interior, el ministro Villa­mayor, cuya gestión es tan cuestionada, sigue teniendo la bendición de Marito, quien lo defiende en todo momento.

Veremos qué sucede en el marco de la inter­pelación del ministro Villamayor, quien debe responder a la ciudadanía por qué, pese a que él sostiene que disminuyó el crimen organi­zado en el país, la gente cada vez se siente más insegura en las calles. En varias ocasiones, cuando fue consultado por los sonados casos, como el rescate a “Samura”, en el cual murió un comisario, o la matanza en la cárcel de San Pedro, Villamayor demostró total desconoci­miento de sus funciones, al decir que él no era responsable de cada policía que está en cada esquina, y que solo se limita a establecer polí­ticas.

Días pasados, el ex presidente de la Repú­blica y líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes, lamentó que en el Gobierno de Abdo Benítez, la frase “caiga quien caiga” no se cumpla entre “los amigos”. Cuestionó duramente la permanencia de ministros sal­picados por corrupción y mencionó entre ellos a Carla Bacigalupo, quien tiene numerosas denuncias de hechos de irregularidad encima. También se refirió a la presidenta de Petropar, Patricia Samudio, cuya gestión, desde el inicio se destacó por anomalías y hechos de corrup­ción.

Cartes destacó que pese a que saltaron a luz numerosas denuncias, las auditorías e inves­tigaciones no tuvieron resultados positi­vos. Hasta ahora, nadie cayó, al contrario, se taparon el daño al patrimonio del Estado, la lesión de confianza en que se incurrió y se destacaron las gestiones como ejemplos. Y qué se podía esperar de las supuestas inves­tigaciones de un Carlos Arregui, del Partido Democrático Progresista (PDP) y de otros cercanos al “partido familiar” –encabezado por el ex ministro del Interior Carlos Filiz­zola y la senadora Desirée Masi–, quienes en este momento están en puestos clave en el Gobierno.