Más que indignante resulta el pre­sunto nuevo hecho de corrupción detectado por el diario La Nación. El Ministerio del Interior, a cargo de Juan Ernesto Villamayor, adquirió tres comi­sarías móviles equipadas con un mobiliario a precios exorbitantes, calificado como “muebles de oro”. Este acto constituye una verdadera infa­mia y una nueva bofetada para la ciudadanía, que diariamente es víctima de la inseguridad por la falta de gestión de esta cartera de Estado que alega la falta de presupuesto para cumplir su misión.

En rueda de prensa, el ministro Villamayor, junto con su equipo de la Unidad Operativa de Contrataciones, intentó justificar el hecho, pero sus explicaciones se constituyeron en una tomadura de pelo a la gente, por sus argumentos insostenibles y vergonzosos. La perorata fue uti­lizada una vez más como recurso para intentar justificar lo injustificable, que no es más que la existencia de una posible sobrefacturación que de ser cierta causará un nuevo daño patrimonial al Estado paraguayo.

Las tres comisarías móviles –que albergan a solo dos policías en cada módulo– adquiridas por el ministro Villamayor le costaron a la ciudadanía un total de G. 1.479 millones, es decir, por cada contenedor se pagó G. 493 millones. Cada una de estas unidades tiene dos mesas, armario, aire acondicionado, un frigobar, entre otro mobiliario menor. Por cada mesa de 0,60x1,00 se pagaron G. 7.000.000, aunque su precio en plaza ronda los G. 435 mil; igualmente se adquirieron armarios a precio de “oro”, por un valor de G. 7.350.000 cada uno y su precio en realidad ronda los G. 900 mil en cualquier tienda; además se cuestiona el precio del frigobar de 80 litros que alcanzó los G. 5.450.000 cada uno, pero un producto similar y de 110 litros cuesta tan solo G. 1.000.000.

Nuevamente el ministro Villamayor, con su palabrerío rimbombante, intentó explicar que se optó por lo más barato e incluso se aho­rró dinero. El mayor argumento técnico de su equipo de la Unidad Operativa de Contratacio­nes fue: “Nosotros consideramos lo global, no consideramos lo que compone adentro. Es lo que más nos importó”. Respuesta desfachatada y sin sentido.

La Contraloría General de la República debe intervenir con urgencia a fin de detectar el posi­ble nuevo daño al patrimonio del Estado, que se produce justamente en un momento en el que la situación económica apremia a las autoridades a ser prudentes con el gasto público y magnificar los resultados de su gestión.

El ministro Villamayor debe responder sobre este hecho más allá de la perorata, debe expli­carle a la ciudadanía cuál será el beneficio para los ciudadanos al tener dos policías en un conte­nedor, sin capacidad operativa para custodiar a la gente y solo con el potencial básico para admi­nistrar denuncias. Debe explicar la razón de este gasto justo cuando él reiteró en varias ocasiones la existencia de carencias presupuestarias para la Policía Nacional incluso para la compra de chalecos antibalas y armas.

La interpelación en el Senado al ministro Juan Ernesto Villamayor será el espacio adecuado para que el secretario de Estado, por lo menos una vez, le explique a la ciudadanía de forma clara y coherente las razones de su actuación al frente de la cartera de Interior. Porque hasta el momento su administración está llena de incer­tidumbre, de “palos de ciego”, sin resultados tangibles, con acciones y discursos contradicto­rios. Y ahora con una fuerte sospecha de que las “comisarías móviles de oro” solo son la fachada para la ejecución de un negociado.