La definición del senador Barrios sobre la firma del acta del “casi negociado” de la energía de Itaipú como un “juego de todos contra todos” es bas­tante elocuente, juntando la informa­ción después de participar en la serie de audiencias públicas en una acción justa confrontando a los involucrados es más que elocuente, como viene sospechán­dose desde que se destapó el “intento de negociado” a punto de ser cometido. Y no por arrepentimiento de los delin­cuentes, sino por ser denunciados y atrapados con las manos en la masa.

El intento que estuvo a punto de con­vertirse en negociado en contra de los intereses nacionales, es decir, con fuerte tufo a traición a la patria, con un “juego de todos contra todos” es más elocuente, ya que refleja en pleno lo que viene sucediendo desde que se des­tapó, a punto de convertirse en fraude, el intento de estafa, con lo que da la impresión de que en esta instancia se puede destapar, lo que hasta ahora a nivel del Poder Ejecutivo venía tor­nándose más bien esquivo y en vías de “ocultación”, ya que los protagonis­tas no hicieron sino tirarse la pelota, los unos a los otros. Y concluyendo “el todos contra todos” se acusan y se des­mienten los unos a los otros, de lo que se puede sacar una clara y contundente conclusión: todos mienten; rescatando la declaración de Pedro Ferreira, quien desde el principio aportó datos, ya que puso, con su renuncia sobre la mesa, el inicio del destape del saqueo a las arcas nacionales, quid de la cuestión sobre la mesa.

“El todos contra todos” tiene una signi­ficación clara y más que elocuente: que todos los que participaron del intento de venta desde el principio fueron cul­pables, que estaban en mayor o menor grado metidos en “el intento de estafa”; es lo que se puede deducir del análisis de Barrios, que puede hacerse exten­sivo, probablemente a la generalidad de los involucrados, que desde que se destapó el intento de fraude no hacen sino confirmar, como ahora, que fue un intento de fraude apenas frustrado a punto de ser consumado, lo que hubiera sido una estafa al país protagonizada por sus propias autoridades, quienes en este caso presentan numerosos delitos agravados por tratarse de quienes debe­rían ser los defensores de los intereses de la patria, por lo que no puede acep­tarse que un atentado tan grave y tras­cendente y que pudo traer incluso peo­res consecuencias pase desapercibido, de ahí la importancia que se dé publici­dad a los hechos.

Como adelantó el senador Barrios públicamente, para los saqueadores es un “juego de todos contra todos”; para el país debe ser una plataforma pública abierta para que el país sea informado de quiénes son los saqueadores de las arcas públicas, una práctica común de enriquecimiento de altos funcionarios públicos.

Debe ser el ejemplo de la lucha con­tra el abuso de los bienes públicos de parte increíblemente de quienes deberían cuidarlos, con estas sesiones abiertas del Parlamento, sabiéndose los nombres de los que estuvieron a punto de cometer el saqueo al país de los que se suponía y presupone son funcionarios públicos y, por lo tanto, defensores de los bienes públicos y no sus saqueadores.

La transparencia de la investiga­ción pública es fundamental, así como debe ser dura la sanción que se establezca para los responsables del intento de robo que no se frustró por arrepentimiento, sino porque se pro­dujo el destape.

La investigación debe ir a fondo. No caben las disculpas, ni mucho menos tratándose de altos funcionarios y con experiencia.