No es tiempo de planteos irresponsables en relación a la seguridad. Tampoco la urgencia de los hechos debe provocar reacciones atolondradas que terminan siendo una caricatura de las soluciones estructura­les que en realidad se necesitan.

La reacción del Ejecutivo ante la ola de situaciones conmovedoras en el nivel de inseguridad y del fun­cionamiento penitenciario disparó la idea de la mili­tarización del sistema, llegándose incluso a debatir un plan de enmienda constitucional para ingresar modificaciones al ordenamiento existente.

Sin embargo, un proyecto de militarización del sis­tema tropieza con riesgos si no existe suficiente madurez para su abordaje y por sobre todo si viene de la mano de una clase política que no genera con­fianza en la ciudadanía. Mezclar las doctrinas de fuerzas que deben sostener nuestra soberanía con aquellas que deben custodiar la paz pública, puede –mal hecho– suponer más riesgos que reparaciones.

De hecho existen en el Paraguay antecedentes his­tóricos que provocan el razonable temor de un plan de secuestro de las libertades públicas por la natu­raleza drástica en la ejecución de la mano militar en los asuntos de la civilidad.

Pero, peor aún, tanto en la iniciativa de recrear el Servicio Militar Obligatorio, como el plan anterior de militarizar las penitenciarías, el presente pro­yecto de nuevo huele a una salida apresurada del Gobierno, fruto de una “caja china” para desviar la atención del verdadero problema: la necesidad de fortalecer el servicio de la Policía Nacional, genuina encargada de la seguridad de las personas que habi­tan el territorio nacional.

Sugestivamente el Gobierno instalado el 15 de agosto del 2018 ha emprendido diversas acciones o gestos que han sido elocuentes para entender como una actitud de reprobación hacia sus pro­pias fuerzas policiales antes que lo que resultaría lógico: su mejora y optimización. El desdén inicial por el funcionamiento del mejor proyecto que legó el Gobierno anterior en la materia: el Grupo Lince, las reiteradas alusiones del actual ministro Juan Ernesto Villamayor sobre su disconformidad con estas fuerzas y su ya tradicional discurso de apro­piarse de los logros de la Policía y expresarse como aislado de sus fracasos, habla a las claras que hay un problema concreto de liderazgo que corregir en la administración de una institución que es vital para la vida de la República.

Puede sumarse a ello la reciente iniciativa de redu­cir el tiempo de formación de los suboficiales a la mitad del tiempo, lo cual constituye una idea sui­cida porque si se le atribuían errores por escasa for­mación con dos años de academia, con solo un año habría que esperar que tales jóvenes suboficiales estén mucho más expuestos, al igual que la propia sociedad a la que deben proteger.

Es de esperar que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, sepa administrar este proceso, con la calma que la gravedad del asunto merece. La prioridad salta a la vista: fortalecer la institución policial, dotando de una mejor formación a oficia­les y suboficiales, ofrecerles mejores horizontes de bienestar para que, con mayor autonomía econó­mica, caigan con menos facilidad en los hechos de corrupción y una potente mejora de sus condiciones estructurales y equipamientos.

No se puede olvidar que a consecuencia del caniba­lismo político, el propio Senado que el actual Presi­dente integraba rechazó la posibilidad de invertir en tales mejoras unos 20 millones de dólares en el periodo anterior, iniciativa muy parecida a aquella asumida al empezar su gobierno cuando paraliza­ron la construcción de nuevas penitenciarías que de proseguir como plan ya estarían concluidas. Hoy es un clamor la necesidad de contar con nuevas ins­talaciones para hacer frente al nuevo modelo de expansión de las bandas delictivas supranacionales que pueblan las cárceles y a su vez suman “solda­dos” nacionales.

Es de esperar que la reflexión que exista sobre el futuro de la seguridad en el Paraguay se base en la razón, en la reflexión de expertos, lejos del canto de sirena de los mesiánicos que apuestan a las solucio­nes fáciles y enfocados, concretamente, en lo que constituya un plan que promueva soluciones con­cretas y permanentes.