Un nuevo episodio de violencia penitenciaria, esta vez ocurrido en el Centro de Rehabilitación Social ubicado en el sur del país, puso en evidencia otra vez el precario sistema penitenciario de nuestro país. El protagonista de este episodio es un “viejo conocido”: el Primer Comando Capital (PCC), que mantiene así el terror en las prisiones ante la pasividad de las autoridades.El propio ministro de Justicia, Julio Javier Ríos, poco después de la fuga y toma de rehén en Itapúa, admitía que el PCC es la organización criminal más peligrosa de América del Sur, en unas declaraciones que se parecen más a un sincericidio antes que a un diagnóstico de la realidad. A pesar de admitir la magnitud del problema, el secretario de Estado no vislumbra ni propone alternativas o medidas concretas. Por el contrario, más bien su enfoque es propagar responsabilidades señalando como responsables a aquellos estamentos que han demorado la emergencia penitenciaria, como por ejemplo el Congreso.
De hecho, el Parlamento ya sancionó el proyecto de ley que declara emergencia y que plantea una ampliación del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal de este año del Ministerio de Justicia. Es decir, se le darán más recursos y se ahorrarán procedimientos para poder adelantar presupuesto con el fin de agilizar la respuesta ante la demanda de más reclusorios. No solo otorga licencias a nivel administrativo, sino también operacional, puesto que autoriza el apoyo y el empleo de las fuerzas públicas, llámese Policía Nacional, llámese Fuerzas Armadas, que serán empleados para ofrecer custodia y cobertura de seguridad perimetral de todos los establecimientos penitenciarios.
Todo esto que se describe en el párrafo anterior, todo esto se contempla en la ley emanada del Congreso que, sin embargo, sigue aguardando la promulgación del Poder Ejecutivo.
En las últimas semanas el Gobierno se ha empeñado en recomponer su imagen luego del tremendo desgaste que supuso el acta de Itaipú del 24 de mayo pasado, que establecía mayores exigencias al Paraguay en la contratación de potencia de Itaipú, lo que llevaría necesariamente a una suba de la tarifa. Esta acta fue considerada por una gran parte de la ciudadanía como “entreguista” y el acuerdo arribado, tal como estaba formulado y firmado, significaba un grave revés para los intereses del país. Esta acta y el desempeño en las tratativas de las autoridades casi le cuestan el cargo al jefe de Estado. Naturalmente, el mandatario “estaba en otra” en las últimas semanas y su prioridad era salvar su pellejo antes que pensar en la amenaza seria que puede representar el PCC.
Ni remotamente se sostiene que esta ley de emergencia va a solucionar de raíz un problema tan complejo y difícil como la realidad de la política penitenciaria paraguaya. Si es que hay alguna, una ley complementaria como la de emergencia es apenas la punta del ovillo, pero sin dudas es un mensaje claro y firme del Gobierno hacia las organizaciones delictivas.
Está claro que las “medidas” tomadas hasta ahora, desde aquel incidente ocurrido en la Agrupación Especializada, donde el capo mafioso Marcelo “Piloto” asesinó de manera violenta y cruel a una mujer en su celda, pasando luego por la horrible masacre en el penal de San Pedro, más el hecho sucedido el jueves pasado en el Sur, no son suficientes y se requieren acciones y políticas profundas. No son útiles las declaraciones tales como las que se necesitan más recursos y que se está trabajando –en teoría– por fomentar una política común para los reclusorios.
Resulta evidente que las mafias organizadas en el interior de las cárceles han tomado el control y ya han dado muestras de que pueden causar daño cuando se les antoje. Es por ello que se insiste en la urgencia de dotar de verdaderas y profundas medidas tendientes justamente a devolver ese control de las cárceles al Estado paraguayo, hoy lamentablemente rebasadas.
Hoy, el Gobierno tiene oportunidad inmejorable de iniciar ese proceso con acciones y dejarse de los discursos vacíos e inútiles.