El estudio y la aprobación del Pre­supuesto del Estado para el año entrante son otros de los grandes retos que tiene ahora la clase política para demostrar su patriotismo y no contaminar las finanzas públicas con más carga para el con­tribuyente. Lo que tiene que hacer el Congreso es colaborar para que aumenten los ingresos fis­cales y disminuyan las erogaciones improducti­vas que hacen crecer cada año el déficit público y ponen en peligro la estabilidad macroeconó­mica, que es uno de los principales logros con­seguidos en los últimos años.

Nadie puede discutir que los legisladores tienen la potestad que les da la Constitución de anali­zar y aprobar cada año el Presupuesto General de la Nación. Lo que no les da derecho a hacer trizas los propósitos de austeridad y equilibrio necesarios para la buena marcha del país para ayudar a su clientela política, como han venido haciendo sistemáticamente.

Está aún muy reciente el recuerdo de lo que se hizo en el Congreso con la Ley de Presu­puesto vigente, cuando durante su estudio el año pasado incluyeron aumentos salariales, sin seguir los procedimientos reglados por las nor­mas, para 2.163 funcionarios de diversas repar­ticiones estatales. Además de otra alza para empleados de la Cámara de Diputados que tam­bién fueron favorecidos con incrementos inde­bidos. Con eso no solo no disminuyeron los gas­tos estatales como se recomendaba, sino que los aumentaron en gastos fijos que el poder admi­nistrador no puede dejar de pagar.

Con esos hechos que son de dominio público y otros que se han denunciado, los legislado­res han demostrado que muchos de ellos no son confiables cuando meten la mano en las finan­zas públicas.

Señalar estos acontecimientos reales y con­signar los riesgos que acarrean al Estado no es una crítica sin sentido ni una falta de respeto a los legisladores. Se trata más bien de un acto de honestidad intelectual que tiene como propó­sito alertar sobre los peligros de ciertos proce­dimientos que pueden poner en jaque la estabi­lidad del país. Cuando un médico alerta a una persona sobre los riesgos de la mala alimen­tación que dispara sus niveles lipídicos en la sangre, la está ayudando, aunque el paciente lo sienta como un reproche a su conducta.

Si los legisladores quieren ser creíbles, cuando analicen el proyecto de Ley de Presupuesto para el 2020 tienen que enmendar los erro­res cometidos en la ley anterior y corregir lo que hicieron para ayudar a su clientela con aumentos indebidos a costillas del contribu­yente. Por eso están obligados a mandar a los niveles anteriores de salarios los aumentos que dieron a las 2.163 personas que recibie­ron el favor y que hasta ahora están vigentes. No se puede aceptar lo que hicieron. Los res­ponsables de la irregularidad deben enmen­darse y no continuar haciendo lo mismo en este nuevo proyecto de ley. La gran responsa­bilidad que se les ha dado no es un privilegio para actuar a su antojo, sino para trabajar con compromiso.

En el debate del Presupuesto, que está ahora en el Parlamento, los diputados y senadores tie­nen que actuar con honestidad y patriotismo. Honestidad, que en este caso significa no des­pilfarrar los recursos que le cuesta conseguir al Estado, y patriotismo, en el sentido de poner por encima de todo los intereses del país y de su gente. Al revés de lo que han venido haciendo cuando ponían primero sus pasiones políticas para repartir favores a sus partidarios a costa de menos dinero para los hospitales, escuelas y otras necesidades sociales muy sentidas.

Las necesidades financieras del Estado para­guayo son cada vez más grandes cada año por­que debe pagar más a sus acreedores bancarios, tiene nuevos compromisos monetarios para realizar mayores inversiones. Y, sobre todo, tiene el gran compromiso de mantener el país con equilibrio fiscal y macroeconómico para no caer en el fracaso.

Los legisladores tienen que adquirir concien­cia de que la Ley de Presupuesto no es solo una cuestión de poner más o menos gastos. Es el ins­trumento más importante de la política econó­mica que puede significar el camino a la banca­rrota o el impulso para el desarrollo. Por lo que están obligados a actuar con sensatez y respon­sabilidad.