El Gobierno, que cumplió un año en agosto, apronta su primer presupuesto general preparado totalmente por su administra­ción para encarar el 2020 ante los enormes desafíos que presentan la recesión interna y un panorama externo ensombrecido por la situación argentina y brasileña. El prin­cipal rasgo de los números proyectados por el Ministerio de Hacienda es que resultan relativamente anémicos por sus escasos recursos y sobredimensionados en gastos improductivos, especialmente por el peso de los salarios públicos.

Una de las cualidades que tiene el docu­mento es que apenas será un 6,8% más ele­vado que el aprobado para el 2019 y un 2% más que el actualmente vigente, luego de los diversos incrementos que se han auto­rizado a lo largo del primer semestre del año. Teniendo en cuenta el índice de infla­ción previsto para este año, el proyecto de Presupuesto no es superior en términos de poder adquisitivo del dinero al vigente. En ese sentido, se puede decir que los núme­ros previstos por el Ejecutivo son relativa­mente austeros.

Los organismos públicos con mayores incrementos en su proyección son el Minis­terio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), con un 273% de alza para usar un crédito del BID, y la Justicia Electoral, con un 39% más. La Defensoría del Pueblo tiene una suba de 36%, el Minis­terio de Agricultura y Ganadería 14% y el de Hacienda 13%.

Para no sobrepasar los límites de 1,5% del déficit fiscal, el Ministerio de Hacienda recortó los incrementos solicitados por varias entidades estatales que pretenden erogaciones más altas sin tener en cuenta la condición económica actual de escasa recaudación y de disminución de la acti­vidad económica. El más desubicado por sus pretensiones en esa materia es el Poder Judicial que solicita un incremento salarial de 20%, muy alejado de la realidad econó­mica que se vive.

Las únicas alzas salariales que prevé el documento son de 16% para los docentes y de 3,8% para los empleados públicos que ganan el salario mínimo.

A pesar de las pretensiones de austeri­dad que se observan en el proyecto, se le ha señalado como el defecto más relevante que la mayor parte de los gastos irá en sueldos y asuntos improductivos. El documento incluye un alza en las recaudaciones de 8,2% y establece que el 76% de lo recaudado por impuestos irá para pagar salarios, lo que constituye un retroceso cuando que en el 2018 ya se había conseguido que el 71% de lo percibido fuera para sueldos públicos.

En el Gobierno sostienen que el plan de gas­tos es equilibrado para las necesidades del Estado, por lo que piden que los legisladores lo aprueben a libro cerrado, sin introducirle ninguna modificación. Las erogaciones pre­vistas en el proyecto representan el 33% del Producto Interno Bruto (PIB).

El Gobierno anunció que el documento contempla 12,8 billones de guaraníes para realizar inversiones encaminadas a la recuperación económica del país. Esta cifra representa el 15% del total de eroga­ciones en el Presupuesto que se proyecta para el año venidero, en que se prevé mejo­rar la infraestructura física, construir más viviendas con 5.120 nuevas unidades, dar un fuerte apoyo a la agricultura y a la crea­ción de más empleos.

La ley del presupuesto estatal es la norma más importante que se analiza cada año en el Congreso por su fuerte incidencia en la vida del país. Ahora está en las manos de los legisladores, que esperemos la conside­ren con profesionalidad, sabiduría y patrio­tismo. Aunque existe la amenaza cierta de que el documento sea desguazado en el Congreso y de que le introduzcan nue­vos incrementos para su clientela política, como suele ocurrir cada año.

Luego de su análisis, se puede afirmar que el Presupuesto General de la Nación que se proyecta para el año entrante no tiene mayores novedades, pues seguirán abul­tadas las erogaciones corrientes que no generan ninguna productividad. Y que continuará otro ejercicio pobre en nue­vas recaudaciones fiscales debido a la mala situación de la economía, por lo que gran parte del dinero que se obtenga en los bonos externos que se coloquen se utilizará para pagar los vencimientos de la deuda.