En cada mes de agosto de cada año es incesante el ir y venir de recla­mos de distintos sectores sobre una ley clave para el funcionamiento del Estado: el Presupuesto General de Gastos de la Nación. A fines del octavo mes, el Ministerio de Hacienda presenta ante el Congreso el ante­proyecto de ingresos y egresos previstos para el siguiente año.

Se trata, con insistencia, de una ley vital y su equilibrio es esencial para garantizar un mínimo funcionamiento de las instituciones públicas para el siguiente año. Como en cada período anual, las prioridades para el 2020, que se anticipa otro año difícil para la econo­mía paraguaya, son la educación, la salud, la seguridad y la infraestructura.

El Ministerio de Hacienda presentó ayer ante el Congreso Nacional el proyecto que prevé alrededor de G. 85,5 billones (unos US$ 13.400 millones). Dentro de este plan ya está definido el aumento salarial de 16% para los docentes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) desde el mes de julio del próximo año, lo que representará unos US$ 60 millones destinados a los citados.

A pesar de este ajuste prometido para el sector docente, el ámbito de la educación en general necesita de más recursos para poder cubrir las enormes necesidades que existen en varios aspectos, desde el académico (cubrir vacancias o relevo de maestros en edad de jubilación), el de la capacitación (se necesita un constante entrenamiento de los docentes), así como el de infraestructura, ya que las escuelas y colegios públicos requieren de más inversión edilicia.

No es novedad señalar que la educación en Paraguay hace tiempo está en terapia inten­siva. En un país que invierte poco, muy poco para lo básico, cuesta hablar de progresos –que ha habido en los últimos años, aunque hayan sido avances tímidos– sin dejar de escandali­zarse, pues cerca de 280 mil paraguayos adul­tos no saben leer ni escribir, una cruda reali­dad que muestran las estadísticas oficiales.

No es fortuito que últimamente proliferen las movilizaciones de maestros y de estudiantes como ocurriera el día de ayer, cuando estos dos sectores salieron a la calle para pedir más pre­supuesto para la educación. El sector docente, con su inacabable y recurrente reclamo de mejores salarios; mientras que los alumnos hicieron hincapié en una reforma profunda del sistema, que vaya más allá de los nombres de los ministros.

Para ellos, para nuestros niños y nuestros jóvenes, es clave aumentar el presupuesto de este ámbito en un 7% del PIB. Actualmente no alcanza ni el 4% (ronda el 3,7%), el presupuesto más bajo de los países de la región.

Esa cifra del 7% es prácticamente hoy un número de cumplimiento imposible, por más prioritaria que sea la educación. Lamentable­mente, esos números quizás pueden obtenerse de aquí a unos años, pero de manera gradual.

Pero más allá del reclamo, que es justo desde todo punto de vista, hay que reconocer que el problema de presupuesto de la educación está latente y es actual.

Deberán pasar muchos gobiernos antes que décadas y décadas de relegamiento en mate­ria presupuestaria se puedan revertir. Sin embargo, una idea es bastante clara y se deja percibir con los constantes reclamos del esta­mento educativo, y es que más y más inversión son la única salida para alcanzar una educa­ción de calidad que permita salir del atraso.

Aunque los progresos hayan sido tímidos, no queda duda que la educación de calidad sigue siendo una gran deuda que tiene el Estado. El Presupuesto 2020 no avizora muchos cambios, pero es de esperar que con poco se pueda lograr progresos más significativos en este campo, lo que resulta crucial para levantar al país.