La crisis institucional ocasionada en el Paraguay por la firma del acta bilateral de Itaipú originó una fuerte convulsión ciudadana. Y produjo la mayor amenaza política que ha tenido hasta ahora el gobierno que asu­mió el poder el 15 de agosto del 2018. Esto porque detonó la posibilidad cierta de lle­var al juicio político tanto al presidente de la República como al Vicepresidente. En un momento dado esa drástica salida pare­cía muy probable porque en el Congreso se tenían los votos para llevar a ambos funcio­narios al cadalso y alejarlos del poder como responsables del cuestionado documento.

De ese modo, tanto Mario Abdo Benítez como Hugo Velázquez parecían tener sus horas contadas en el Gobierno porque todo indicaba que el juicio político era ya un hecho inminente.

Parecía ya imparable, pero varios factores como la posición estabilizadora del ex presi­dente Horacio Cartes y hasta los gobiernos extranjeros que tienen influencia en el país, como Argentina, Estados Unidos de Amé­rica y el Brasil, se movieron rápidamente para recomendar prudencia en la situación.

El embajador norteamericano en Asun­ción, Lee McClenny, dio a conocer un pro­nunciamiento señalando su preocupación y esperando que se respeten los procesos democráticos y la Constitución Nacional. En tanto que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, ordenó que el acta bilateral que generó la polémica se anulara, tal como había pedido el Gobierno paraguayo, para distender los ánimos y darle una mano al mandatario de nuestro país que imprevista­mente estaba amenazado por el juicio polí­tico.

Esa situación produjo la mayor inestabili­dad política que se recuerda desde junio del 2012. En pocos días, el país se vio innecesa­riamente convulsionado y se perdió la tran­quilidad, tanto entre los ciudadanos comu­nes como entre los empresarios y grandes actores económicos, poniendo en jaque la estabilidad institucional, política y econó­mica.

Como dijera acertadamente un conocido empresario rural, la crisis generada en esta ocasión es motivo de mucha preocupación porque sumerge al país en la incertidumbre. Porque cualquier turbulencia política no solo afecta a los partidos, sino a toda la eco­nomía nacional.

Resulta que a raíz de las complicaciones económicas durante los últimos diez meses el país ha tenido una fuerte reducción en su producción, tanto agroganadera como en la industria, así como en el sector comer­cial, que se vio duramente castigado por la baja del consumo y la caída en el turismo de compras de los países vecinos. También el comercio exterior sufrió por el bajón en exportaciones e importaciones.

Que al fuerte impacto negativo de la econo­mía se sume la incertidumbre ocasionada por la inestabilidad política configura una situación más que preocupante que hay que superar rápidamente.

Por eso la tarea urgente que se impone en estos momentos es procurar entre todos terminar con la incertidumbre y lograr la estabilidad, condición sin la cual el Para­guay no puede seguir adelante con posibi­lidades de éxitos. En ese sentido, es muy valorable la conducta de las facciones inter­nas del Partido Colorado no partidarias del Gobierno que enterraron el hacha de gue­rra para evitar el juicio político. Ayer, con la decisión de la Cámara de Diputados de rechazar esa sanción solicitada por algunos partidos de oposición, se puso punto final a ese capítulo.

Ahora corresponde restañar las heridas y contusiones y ponerse a construir la estabi­lidad dañada. Los paraguayos necesitamos un clima adecuado para trabajar sin tensio­nes, para que el sector privado pueda tener garantías y realizar las inversiones nece­sarias, a fin de que en lugar de disminuir aumente el número de empleo y que suba el consumo para mover el comercio formal. Hay que desterrar los rencores y dar cabida a los sentimientos positivos que ayudan a construir en vez de destruir.

El Gobierno, que comienza un nuevo período de gestión, debe haber aprendido la lección de sus errores del primer año y tiene que apostar con todo por estabilizar el país y dinamizar la economía. Así habrá más inversiones, empleos y garantías de seguri­dad para todos.