En vísperas de cumplir el primer ani­versario de su asunción a la con­ducción del país, este gobierno está con una espada de Damocles sobre la cabeza, lo que causa preocupación por su estabilidad e incertidumbre en la ciudadanía. Por eso, este primer año de gobierno no es un simple aniversario de recordación del aconte­cimiento político de la nueva administración. Es, sobre todo, un momento para empezar a construir seriamente su estabilidad institu­cional con el propósito de darle confianza al país y de garantizar la buena marcha de la vida económica.

El balance de este primer año del Gobierno revela desaciertos en la conducción del país y muestra una gran debilidad en su equili­brio político e institucional, que tienen sus repercusiones en todos los ámbitos de la vida del país.

En las tres décadas de democracia, este gobierno enfrenta el fantasma de un juicio político antes de cumplir un año en el poder. Como todo fantasma, puede ser que el juicio político sea apenas una ilusión y que no exista de verdad, pero cumple sobradamente el rol de los malos espíritus de generar miedo y dudas sobre el futuro.

Con o sin amenaza de juicio político, esta administración ha mostrado su flaqueza en los últimos acontecimientos políticos deriva­dos de la firma del acuerdo bilateral del 24 de mayo. El endeble equilibrio que ha demos­trado genera todo lo contrario de lo que nece­sita un gobierno, escasa credibilidad y des­confianza. Y no puede seguir así si quiere conseguir el objetivo de realizar una buena gestión.

La fragilidad de este gobierno se ha notado perfectamente sobre todo al no tener el con­trol del Congreso, donde recibe cuestiona­mientos no solo de los partidos de la oposi­ción, sino además de los miembros del propio partido gobernante. La experiencia de lo acontecido en el país con gobiernos anterio­res demuestra que sin el acompañamiento del Parlamento no podrá caminar tranquilo ni ir muy lejos en estos próximos cuatro años.

Esta fragilidad institucional, que se ha podido divisar claramente con las últimas escaramuzas, constituye uno de los pun­tos más delicados de esta administración al cumplir su primer año en el Palacio de López. Y con esa situación el pronóstico del futuro gubernamental no puede ser muy alentador, como el país necesita que sea para poder tra­bajar en paz.

A lo largo del año que estuvo en el poder, el Gobierno no ha conseguido todavía logros importantes que mostrar, ni en lo político ni en lo económico, para ganarse la aceptación de la gente. Por lo que tiene que analizar muy bien cómo actuar para corregir sus errores y qué hacer para concretar algunos logros reso­nantes al frente de la nación.

En lo económico no le ha ido mejor, pues coin­cidieron varios factores negativos, como la menor producción de soja y la inestabilidad del mercado internacional con el inexperto manejo para aumentar las inversiones físicas del Estado y para generar suficiente confianza en el sector privado empresarial. La economía se ha resentido fuertemente como revelan los indicadores y se nota en el menor movimiento comercial y el aumento de la desocupación y la subocupación.

En cuanto al acuerdo con Brasil para la adqui­sición de la energía de Itaipú, los pronósticos no son optimistas. El comunicado de la can­cillería brasileña, en el típico lenguaje diplo­mático que dice cosas sin decir mayormente nada, da a entender que no apoyaría la posi­ción de Paraguay para que siga comprando la electricidad con las ventajas que la Ande tenía.

El Gobierno que cumple su primer año el jue­ves debe superar su debilidad institucional y construir rápidamente su estabilidad. De su fortaleza dependen las condiciones para sos­tenerse en el poder en los próximos cuatro años que se vienen.

Por ello debe convocar a todos los secto­res políticos, sociales y económicos para un amplio diálogo. En ese encuentro se deben concertar las condiciones políticas para esta­bilizar la situación y buscar la confianza de la ciudadanía. El acuerdo debe contemplar la aceleración de la economía para salir del mal momento actual y poder obtener otros logros que mejoren la situación de la mayoría de los paraguayos.

Por el bien del país, urge que el Ejecutivo ase­gure su estabilidad institucional y política para la labor que le espera.