La crisis política desatada por el acta secreta sobre la negociación para la contratación de potencia de Itaipú, hace apenas dos semanas atrás, trastocó en cierta medida los planes de gobierno respecto a los pronósticos sobre un mejor desempeño de la economía para el segundo semestre.
Los analistas económicos estiman que el impacto de la crisis es muy fuerte y muchos connotados exponentes ya lo admiten públicamente: el Paraguay ya ha caído en una recesión, luego de más de tres lustros. Todo eso a pesar de que el mes de julio mostraba signos de mejoría (como el aumento de las recaudaciones en Aduanas, un dólar bajo control, deflación, etc.), pero que las vicisitudes respecto a la polémica acta bilateral con el Brasil terminaron provocando un duro golpe a estos tímidos síntomas de recuperación que se observaban en ese mes.
A pesar de esta grave contingencia política, la marcha del Estado no debe paralizarse, aunque los indicadores muestren y siguen mostrando que es el peor año en materia económica de los últimos 15 años, agravada por la coyuntura internacional, pero también por la local.
En cuanto se disipen las aguas turbias con relación al juicio político contra el Presidente y su vicepresidente y a medida que la tensión vaya cediendo, es hora de que el Gobierno tome decisiones y acciones firmes en función del bienestar ciudadano.
Dentro de aquel paquete de fomento que había anunciado el Gobierno hace unos meses, que implicaban unos 1.500 millones de dólares de inyección (especialmente en obras públicas), ahora también se ultiman los detalles para la ley más importante a nivel administrativo del Estado: el Presupuesto General de la Nación para el próximo período.
El Ministerio de Hacienda informó esta semana de modo preliminar que luego de recibir los distintos pedidos de las entidades públicas se logró unificar en uno solo el proyecto que va a ser presentado a fin de mes al Congreso Nacional. Según este proyecto, el Presupuesto para el próximo año ronda los 86 billones de guaraníes, es decir, unos 14.300 millones de dólares, que supone un aumento del 7,5% con relación al presupuesto de este año.
En este proyecto, que aún está siendo afinado por los técnicos de la cartera económica, no se tiene estipulada la inclusión de los 2.123 funcionarios que obtuvieron un aumento salarial a través del Congreso Nacional, mediante la recategorización sin previo concurso de los mismos, una señal positiva y firme que ha dado el ministro Benigno López. Al mismo tiempo, Hacienda se compromete para el PGN 2020 disminuir en un 50% las categorías salariales, se limitarán asimismo los pagos de haberes complementarios y, como ya se difundió bastante por iniciativa del Congreso, los pasajes en avión de todos los funcionarios públicos serán en clase económica, salvo el jefe de Estado y el Vicepresidente así como los titulares de los poderes del Estado. La cartera también prevé, además, emitir bonos por unos 650 millones de dólares, de los que 500 millones serían ofrecidos en el exterior.
Con un fuerte liderazgo del estamento político, las autoridades económicas son las que deben ser protagonistas en este semestre complicado, no solo para disipar las dudas, sino para devolver al Paraguay “previsibilidad”, una palabra que es casi un trabalenguas pero tan respetada y bienvenida a los oídos de los inversionistas.
Es clave, entonces, que en los próximos meses el Gobierno otorgue garantías y seguridad a la inversión extranjera para enviar un fuerte mensaje de que el Paraguay seguirá por la senda del crecimiento, a pesar de este tropiezo ocurrido en el 2019.