La crisis política desatada por el acta secreta sobre la negociación para la contratación de potencia de Itaipú, hace apenas dos sema­nas atrás, trastocó en cierta medida los planes de gobierno respecto a los pronós­ticos sobre un mejor desempeño de la eco­nomía para el segundo semestre.

Los analistas económicos estiman que el impacto de la crisis es muy fuerte y muchos connotados exponentes ya lo admiten públicamente: el Paraguay ya ha caído en una recesión, luego de más de tres lustros. Todo eso a pesar de que el mes de julio mostraba signos de mejoría (como el aumento de las recaudaciones en Aduanas, un dólar bajo control, deflación, etc.), pero que las vicisitudes respecto a la polémica acta bilateral con el Brasil terminaron provocando un duro golpe a estos tímidos síntomas de recuperación que se observaban en ese mes.

A pesar de esta grave contingencia polí­tica, la marcha del Estado no debe para­lizarse, aunque los indicadores muestren y siguen mostrando que es el peor año en materia económica de los últimos 15 años, agravada por la coyuntura internacional, pero también por la local.

En cuanto se disipen las aguas tur­bias con relación al juicio político con­tra el Presidente y su vicepresidente y a medida que la tensión vaya cediendo, es hora de que el Gobierno tome decisiones y acciones firmes en función del bienes­tar ciudadano.

Dentro de aquel paquete de fomento que había anunciado el Gobierno hace unos meses, que implicaban unos 1.500 millo­nes de dólares de inyección (especial­mente en obras públicas), ahora tam­bién se ultiman los detalles para la ley más importante a nivel administrativo del Estado: el Presupuesto General de la Nación para el próximo período.

El Ministerio de Hacienda informó esta semana de modo preliminar que luego de recibir los distintos pedidos de las entida­des públicas se logró unificar en uno solo el proyecto que va a ser presentado a fin de mes al Congreso Nacional. Según este proyecto, el Presupuesto para el próximo año ronda los 86 billones de guaraníes, es decir, unos 14.300 millones de dólares, que supone un aumento del 7,5% con rela­ción al presupuesto de este año.

En este proyecto, que aún está siendo afi­nado por los técnicos de la cartera econó­mica, no se tiene estipulada la inclusión de los 2.123 funcionarios que obtuvieron un aumento salarial a través del Con­greso Nacional, mediante la recategori­zación sin previo concurso de los mismos, una señal positiva y firme que ha dado el ministro Benigno López. Al mismo tiempo, Hacienda se compromete para el PGN 2020 disminuir en un 50% las cate­gorías salariales, se limitarán asimismo los pagos de haberes complementarios y, como ya se difundió bastante por inicia­tiva del Congreso, los pasajes en avión de todos los funcionarios públicos serán en clase económica, salvo el jefe de Estado y el Vicepresidente así como los titulares de los poderes del Estado. La cartera tam­bién prevé, además, emitir bonos por unos 650 millones de dólares, de los que 500 millones serían ofrecidos en el exterior.

Con un fuerte liderazgo del estamento político, las autoridades económicas son las que deben ser protagonistas en este semestre complicado, no solo para disipar las dudas, sino para devolver al Paraguay “previsibilidad”, una pala­bra que es casi un trabalenguas pero tan respetada y bienvenida a los oídos de los inversionistas.

Es clave, entonces, que en los próxi­mos meses el Gobierno otorgue garan­tías y seguridad a la inversión extranjera para enviar un fuerte mensaje de que el Paraguay seguirá por la senda del creci­miento, a pesar de este tropiezo ocurrido en el 2019.