El Paraguay está viviendo en estos momentos una hora política deli­cada en que se tienen que escla­recer algunos hechos que pueden tildarse como traición a la patria y en que se debe respetar sobre toda la institucionalidad de la República. El respeto a las instituciones creadas por la Constitución Nacional para conducir el país está por encima de todo. Pero esto no quiere decir que hay que cerrar los ojos a los pecados que han cometido los que ostentan la representación del país en esas instituciones republicanas. Porque la distin­ción es muy simple: la defensa incondicional a las instituciones no significa defender a los que traicionaron los intereses de la nación.

Por el respeto a la Constitución y las insti­tuciones establecidas por ella, es imperioso investigar todo lo acontecido y castigar a los que resultaren culpables de los hechos denunciados. Responsabilidad que compete al Gobierno.

A raíz del acta bilateral aprobada para la com­pra de la energía de Itaipú, ahora anulada, son ineludibles algunas acciones, como una aca­bada investigación de lo acontecido. En ella se deben determinar todos los detalles de cómo y por qué se llegó a la suscripción de dicho documento con los cortes y remiendos que se le hicieron en contra de lo previsto por los técnicos paraguayos.

Porque a medida que pasan los días y que se van conociendo los tejes y manejes del caso se van encontrando responsabilidades de más personas que siguen estando en la adminis­tración pública y que por su involucramiento merecen una sanción. Ya se fueron cuatro de los grandes responsables de la firma del documento, pero han quedado aún sin inves­tigarse los pormenores del hecho. Y, según todos los indicios, permanecen aún sin cas­tigo algunos de los responsables cuya impli­cancia no se conocía y que ahora va saliendo a la luz. La pesquisa debe realizarse necesaria­mente para deslindar finalmente las respon­sabilidades.

Las averiguaciones deben hacerse en la Can­cillería, en la Ande, en la Presidencia y Vice­presidencia de la República, en los ministe­rios vinculados, en la plana ejecutiva y en el consejo de la Itaipú, para que no quede nin­gún sector sin ser observado. Se ha dicho que algunos consejeros paraguayos de la binacio­nal estaban enterados del caso y, que se sepa, no han reaccionado.

En las compulsas se deben determinar las responsabilidades y las personas involucra­das, y proceder a la sanción que corresponda. Nada hay peor en una culpa que dejarla sin castigo, y este no debe ser el caso.

Además de sancionar a los involucrados en la denuncia, el Gobierno ahora debe componer los desarreglos y enmendar los errores que finalmente reconoció el primer mandatario en su discurso.

Se ha concretado ayer con el embajador bra­sileño en la Cancillería Nacional la anula­ción del acta bilateral con el Brasil, que era la piedra del escándalo. Es un excelente paso. Ahora hay que elaborar un nuevo documento que permita a la Ande seguir adquiriendo la energía a los valores en que los estaba haciendo para no golpear a los usuarios para­guayos. Debe también conseguir vender a los interesados la energía paraguaya de Itaipú a mejor precio, ya que actualmente se le cede a Brasil a valores irrisorios.

Por los hechos acontecidos, el Ejecutivo ha quedado con una enorme deuda ante la ciu­dadanía paraguaya que se encuentra defrau­dada por su actuación, que no se puede borrar y menos compensar con un discurso ni con un público acto de contrición. Por eso, más que nunca, está obligado a enderezar todo lo torcido. Y sobre todo debe comenzar a cons­truir la confianza perdida con acciones con­cretas y decididas.

Para la enorme tarea que le espera debe dar señales claras de transparencia y confiabi­lidad. No son suficientes las promesas por mejor intencionadas que fueren. Tiene que actuar con eficiencia y demostrar con los hechos, en el día a día, su capacidad de acción para remediar todo lo que no ha realizado hasta ahora y que ha ocasionado la difícil situación actual del país. Está bien que pro­meta castigo a los funcionarios en infracción con su “caiga quien caiga”. Pero las palabras no bastan cuando lo que se necesitan son actos concretos, que constituyen el principal déficit de su administración.