Recientemente se han inaugurado los primeros espacios destinados a la protección integral de los niños que viven en zonas de riesgo. Según se anunció desde el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, a fines de la semana pasada se habilitó el primero de los diez denominados “espacios seguros”, programados y donados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), para niñas, niños y adolescentes cuyas familias fueron desplazadas por las inundaciones.
Hace pocos días veíamos con estupor cómo era atacada una pequeña niña que iba rumbo a la escuela por un marginal que fue posteriormente identificado. El agresor, supuestamente, es un joven adicto que además vive en situación de vulnerabilidad en un refugio, lugar en el que su comportamiento antisocial y agresivo también afecta a quienes deben compartir el espacio físico con alguien de este perfil difícil e impredecible.
Mucho se habla de la necesidad de combatir las diferentes formas del delito del que son víctimas las personas de todas las condiciones sociales, pero muy especialmente quienes deben trasladarse de un lado a otro caminando o usando medios de transporte público para asistir a sus trabajos o cumplir con los estudios desde la escuela hasta la universidad. Se piden medidas extremas, más “dureza” en el combate a este tipo de delitos, especialmente los protagonizados por los conocidos como “motochorros” que han asolado los barrios de la capital y de muchas ciudades del interior del país, hasta hacer que la población clame por más apoyo a las autoridades para contener la ola de asaltos y robos que afectan a sus posesiones y que, más de una vez, se han cobrado la vida de muchas personas, dejando familias diezmadas. La venta de drogas de bajo costo, pero de muy alto nivel de adicción, aumenta más la fragilidad de la ciudadanía, que es abordada con armas de todo calibre o peligrosidad por quienes están dispuestos a todo a cambio de acceder a las mismas. Los mismos niños desde corta edad están en peligro de ser acosados por quienes venden sustancias peligrosas y de ser reclutados por los mismos.
Si a este problema que afecta a la sociedad en todos los barrios le agregamos el peligro que deben afrontar los niños y niñas que están viviendo en situación de riesgo debido a los desplazamientos por las inundaciones, la vulnerabilidad aumenta y, en ese caso, es una excelente medida positiva el acceso a un sitio seguro, en el que estén contenidos y tengan acceso a juegos acordes a su edad, a recibir protección integral y participar de juegos y actividades lúdicas, enfocadas a compartir con sus pares de diversas actividades. Además, dichos espacios están protegidos también de las inclemencias del tiempo, equipados con juegos y material de apoyo.
El modelo, además de los refugios mencionados por los responsables del Minna y Unicef, debería replicarse en diferentes zonas de la ciudad y Gran Asunción, además de extenderse a ciudades del interior del país. Centros comunitarios en los que los niños encuentren seguridad, protección, apoyo integral y respeto a su integridad son de vital importancia para cambiar desde el comienzo de la vida el destino de marginalidad segura, con la que se estigmatiza a quienes provienen de zonas de riesgo o vulnerables.
La prevención de todo tipo de abuso, la protección de la niñez desde el comienzo de sus días, es una tarea que como sociedad y también como Estado nos interpela a cada paso y nos impone tomar medidas que ayuden a prevenir desde el principio las posibles causas de marginalidad y protejan a los niños de un destino marcado por el dolor.