La abrupta salida de Pedro Ferreira de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), que adminis­tra la energía producida por Itaipú y Yacyretá en Paraguay, ha causado revuelo en el ámbito político y económico. El fun­cionario saliente no aprobó un acuerdo suscrito entre la Cancillería paraguaya y la brasileña, sin intervención de la Ande, para la contratación de energía de Itaipú, ya que considera que aumenta la tarifa eléctrica para el Paraguay. Voceros del Gobierno tra­taron de desmentir la versión sin dar argu­mentos que fueran muy convincentes para la ciudadanía.

En la Cancillería se dieron algunas expli­caciones negando que el pacto que se hizo a espaldas del ente eléctrico signifique un aumento en la tarifa, aunque técnicos espe­cializados en el tema aseguraron que más tarde o más temprano la Ande tendrá que subir su precio al consumidor paraguayo como consecuencia del convenio.

El alejamiento del ex presidente de la Ande ha producido una fuerte inquietud en el sec­tor económico, en el que se teme que en el futuro el precio de la energía eléctrica, que es uno de los principales atractivos del país, se encarezca y lejos de facilitar la produc­ción industrial, le ponga impedimentos.

Desde principios de año, la Ande y su par brasileño, Eletrobrás, mantenían una dis­cusión sobre la contratación de la poten­cia de la energía de Itaipú. La Ande, al adquirir más energía excedente, adicio­nal a la garantizada, terminaba pagando menos plata por ser más barata, lo que era y es cuestionado por la parte brasileña. Eso hacía que Eletrobrás pagara más que la Ande porque compraba mayor cantidad de la energía más cara, la garantizada, lo que hizo que los brasileños exigieran a los paraguayos contratar más la electricidad más costosa.

A raíz de la postura adoptada por la Ande de no contratar más energía cara como pedía Brasil, se pasaron las negociaciones al ámbito de las cancillerías. Los diplomáticos elaboraron un acuerdo a espaldas de la Ande que firmaron los diplomáticos de Paraguay y Brasil el 24 de mayo último, en la capi­tal brasileña. El documento consigna los nuevos niveles de contratación de potencia hasta el 2022, que las autoridades del ente eléctrico paraguayo recién conocieron un mes después de haberse firmado. El enton­ces presidente de la Ande rechazó los tér­minos del acuerdo porque entendió que no favorecían al Paraguay, pues la contratación de potencia implicaba el encarecimiento que podría llegar incluso a un 70% para el 2022, lo que implicaría el aumento de tari­fas a los usuarios paraguayos.

En ese contexto se da la renuncia del inge­niero Pedro Ferreira, presidente del ente eléctrico paraguayo.

Hay numerosos cuestionamientos al acuerdo energético que ha provocado el alejamiento del ingeniero Ferreira. Uno de ellos, y el principal, es que a la larga Para­guay tendrá que pagar más por la ener­gía que contrate de Itaipú de lo que estaba pagando hasta ahora para complacer los intereses de Brasil. Y que este sobrecosto incidirá en la tarifa que deberá abonar el usuario paraguayo. Así lo ha aseverado el ingeniero Ángel María Recalde, ex presi­dente de la Ande y dos veces director para­guayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). “Sí o sí va a tener que subir la tarifa, a no ser que haya una fábrica de dólares en la Ande”, aseveró. Técnicos de la Ande explicaron que con el acuerdo, el Paraguay se verá obligado a comprar energía más cara y que el ente eléctrico podría aguan­tar un tiempo hasta elevar sus tarifas a los usuarios.

De ser así, el país verá alterados sus costos de producción. Por eso, representantes del sector privado empresarial dijeron que si las condiciones de la contratación de energía de Itaipú son desfavorables, el perjuicio será inevitable para nuestro país. Y ello a la larga trabará su desarrollo.

Aunque los voceros gubernamentales han asegurado que el convenio entre las canci­llerías no aumentará el precio de la energía, la impresión que ha causado el secreto de las negociaciones, el marginamiento de la Ande de dicho acuerdo y, sobre todo, la conclusión de los entendidos de que a la larga signifi­cará un incremento en la tarifa siembran un mar de dudas que hace muy difícil creerle al Gobierno.