La cumbre de poderes realizada el lunes último entre los presidentes del Ejecutivo, Legislativo y Judi­cial decidió emprender la raciona­lización del gasto público. Para ello, los prin­cipales responsables de la conducción del país se comprometieron a firmar un docu­mento en el que acordarán medidas bien concretas para gastar menos y hacer frente a la necesidad de ahorrar los recursos estata­les, que están cada vez más escasos.

Para que se concrete esa decisión no solo va a pasar un cierto tiempo, sino que sobre todo se tendrán que vencer numerosas difi­cultades de toda índole. En primer lugar, el propósito de cortar los gastos improducti­vos debe prender y concretarse en los tres poderes del Estado porque si solo lo lleva adelante el Ejecutivo, sin el acompaña­miento de los otros poderes, será una nueva frustración.

Con el Decreto 2.180 promulgado el lunes 22 de julio, el Ejecutivo estableció el recorte de numerosos renglones de ejecución pre­supuestaria para ahorrar 52 millones de dólares, que comenzó a aplicarse el mismo día. Pero hay razonables dudas de que en el Congreso, institución acostumbrada a los excesos de los políticos y a la escasa inter­vención de los técnicos, los responsables de su administración tengan la fuerza para cortar erogaciones solicitadas por los más diversos sectores partidarios, siempre ávi­dos de plata para la faltriquera de sus segui­dores. La presión de los legisladores que tie­nen voz y voto a la hora de hacer las leyes y de aprobar los presupuestos públicos suele ser tan contundente, que es muy probable que la contención del gasto sea aquí muy difícil de lograr.

En el Poder Judicial sucede algo parecido, pues dado que es una institución indepen­diente suele tomar decisiones sin tener en cuenta si las recaudaciones del Estado son suficientes y sin importarle mucho las leyes que rigen a otros poderes y las restricciones en la ejecución presupuestaria y afines. No sufre los excesos partidarios, sino la condi­ción de ser muy autónomo.

El recorte de los gastos públicos en todo el aparato estatal solo podrá concretarse si existe un fuerte consenso en todos los poderes y organismos del Estado, mediante el cumplimiento de reglas que rijan para la totalidad, sin excepción. Desde el punto de vista político, este será sin duda el prin­cipal escollo que se deberá salvar. En este sentido, conociendo la realidad de los orga­nismos estatales, en el propio seno del Gobierno está su principal enemigo para realizar la racionalización de gastos anun­ciada el lunes último.

Para que sea posible concretar la austeridad en el Estado, es imprescindible la elimina­ción de una de las principales enfermeda­des que padece, el clientelismo político. Y a medida que pueda superarla, sobre todo en el Congreso y en los organismos del Poder Ejecutivo, podrá utilizar la tijera de podar gastos. Más que otras dificultades que pue­dan surgir, este será el principal obstáculo. Porque otras medidas administrativas o de procedimiento, como mejorar los procesos de compra o hacer una ejecución presupues­taria más eficiente, son relativamente más fáciles de realizar.

La iniciativa gubernamental de achicar gastos es plausible desde donde se la mire y constituye un viejo reclamo de la clase con­tribuyente. Pero el tan publicitado ahorro que se quiere hacer, y ojalá se concrete, no tendría sentido si ese dinero no se aprove­chara para realizar inversiones imprescin­dibles que mejoren el servicio público.

No valdría de mucho que el Estado dejara de gastar en cosas superfluas, como salarios a los políticos, y que la salud, la educación, la seguridad y las inversiones públicas y las sociales no mejoraran decididamente. Aho­rrar los gastos superfluos del Estado sí, pero para hacer que la calidad de los servicios que se prestan a la gente dejen la lamentable pre­cariedad actual y suban ostensiblemente en excelencia en todo sentido.

El desafío que tienen ahora los tres poderes del Estado paraguayo es de vital importan­cia, pues no se trata solamente de realizar la tarea de recortar los gastos superfluos. También se impone que los recursos obte­nidos de esos ahorros se destinen a la parte más descuidada de nuestra sociedad, que son los servicios públicos. La deuda que tiene el Estado con la ciudadanía es de tal magnitud que todo lo que invierta en salud, educación, seguridad y planes sociales será insuficiente.