Los taxistas agremiados organizan para mañana martes la “madre de todos los enjambres amarillos”, una movilización sin precedentes que pretende imponer sus propios intereses res­tringiendo el derecho de otros. Con su lenta marcha por las calles de la capital del país –a no más de 5 kilómetros por hora– buscan dar un mensaje de poder, especialmente para aquellos que tienen poder de decisión (par­lamentarios, concejales, etc.) e infligir un “golpe” mortal a las osadas ideas de “innova­ción” que se ponen a disposición del usuario paraguayo.

A horas de que nuevamente los taxistas salgan a las calles a provocar el caos en las principales ciudades del país (ya no se trata solo de Asun­ción), es importante hacer una reflexión sobre este grave hecho que vulnera derechos, así como hacer exigencias a las autoridades a par­tir de estas violaciones de la ley.

Las autoridades de los organismos de seguri­dad y del orden (Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, etc.) tienen el deber y la facultad de aplicar las normas de conviven­cia para garantizar el libre tránsito en calles y avenidas de toda la República. Además, tiene la obligación de garantizar el derecho al trabajo, o al ocio, o el derecho de terceros de circular libremente, sin ningún tipo de res­tricción, como por ejemplo una marea de cor­porativistas.

Es cierto, nuestras leyes también amparan el derecho a la movilización y de manifestación, pero en el caso de los taxistas es el interés de la ciudadanía el que debe primar antes que el interés de un grupo minoritario.

En semanas anteriores, hubo una suspi­caz parálisis y un pase de pelota (tata, obvia­mente) entre los organismos estatales que tienen bajo su responsabilidad velar por estos derechos, los de la ciudadanía, los de aquel pueblo que cada mañana se levanta de la cama para ir a buscar el pan de cada día.

Las cabezas del Ministerio del Interior y la Fiscalía General del Estado no pueden sosla­yar sus propias responsabilidades en man­tener el orden. Una movilización como la del enjambre amarillo (para mayor agravante se hará en todo el país y por tiempo indefinido) no es una manifestación cualquiera, tiene efectos sobre la marcha normal de una comu­nidad, impacta, trastoca y trastorna el funcio­namiento normal de una ciudad.

Desde la Justicia, sin embargo, se ha dado una tímida señal de cordura, cuando la semana pasada el juez Miguel Palacios decidió hacer lugar al amparo promovido contra la Asocia­ción de Profesionales Taxistas de Asunción (APTA) y a favor de las plataformas MUV y Uber para garantizar el derecho al trabajo de ambas plataformas digitales para el traslado de personas. Una acción promovida nada más y nada menos que por el defensor del Pueblo. Es decir, para este juez está más que claro que los conductores de estas plataformas virtuales tienen el mismo derecho que tiene un taxista de Carayaó o de Encarnación al trabajo.

Pero una cosa es lo que se sostiene desde el ámbito judicial y otra es lo que en la práctica sucede. Los taxistas desean regulaciones, reglas que por cierto ellos cumplen a medias o directamente no cumplen, y para ello ahora apelan a la medida de presión y de desgaste de la ciudadanía para obtener sus fines, y se apro­vechan para ello de la debilidad de políticos y administradores.

En resumen, por supuesto que los taxistas tie­nen derecho a la movilización, pero lo cierto y real es que también el ciudadano común tiene derecho a movilizarse y a desplazarse sin ningún tipo de obstáculos. La ciudadanía no puede estar secuestrada por las amenazas y las medidas de presión de un grupo que solo busca favorecer sus intereses corporativos y perpetuar sus beneficios.

Es deber del Ministerio del Interior y del Ministerio Público hacer cumplir la ley, siem­pre priorizando el bien de la mayoría.