A raíz de la gran cantidad de acontecimientos violentos en distintos puntos del país, la inseguridad va convirtiéndose paulatinamente en un drama social casi insoluble que pone en peligro a toda la sociedad. Cada semana se producen trágicos hechos criminales de gran repercusión que golpean fuertemente la sensibilidad de la gente y que ponen de manifiesto, más que nada, que el aparato de seguridad del Estado deja mucho que desear.

Hechos violentos siempre los hubo y seguirán dándose, podrá decirse para explicarlos, pero no en la cantidad y con la crueldad con que se han producido en los últimos tiempos. Eso es nuevo y, por su grado de violencia, golpean muy fuertemente a la ciudadanía. Y además porque representa una amenaza cierta, y acaso cada vez más cercana, para diferentes comunidades del país. Tanto es así que nadie, esté en el lugar geográfico que sea, puede tener hoy día la garantía absoluta de que está bien protegido contra posibles hechos criminales. Lo afirmado parecería una exageración, pero los sucesos del día a día, lastimosamente, son tan fuertes que van imprimiendo esa sensación entre la gente.

El cuádruple crimen que acaba de descubrirse en una estancia del Chaco, cercana a Mariscal Estigarribia, ha causado una profunda impresión en la ciudadanía. Dos chicos, alumnos de un colegio capitalino que fueron a pasar sus vacaciones de invierno con sus abuelos dueños del establecimiento, fueron asesinados salvajemente al igual que los ancianos en un hecho que ha causado profunda conmoción. Y no solo eso. Luego los delincuentes alzaron en camiones cerca de 90 animales vacunos y los fueron a comercializar a más de 500 kilómetros, como si nada, en un frigorífico concepcionero pasando cinco controles de los organismos de sanidad animal con los papeles en regla, como si fuera una simple transacción ganadera habitual. Tal es la seguridad con que actúan los que producen la inseguridad, que solo de casualidad fueron descubiertos en sus delitos.

Aparentemente, el móvil original del cuádruple asesinato fue el robo del ganado, por lo que, en los planes de los cuatreros asesinos, el homicidio de la familia fue solo una actuación secundaria, inicialmente no programada, para apropiarse de los animales y comercializarlos. Este hecho revela de manera elocuente otro acto de inseguridad muy frecuente en las zonas ganaderas, el robo de animales vacunos de las estancias.

La ola de inseguridad, que hasta ahora consistía en enfrentamientos entre narcotraficantes y mafiosos, en cerco de algunas localidades para incendiar y saquear bancos, en homicidios cada vez más frecuentes en las zonas más álgidas, en quema de estancias, ha sumado ahora este horrible cuádruple asesinato con fines de robo.

Esta macabra contabilidad de hechos violentos es apenas el reflejo de la situación de inseguridad que vive el país, que necesita una respuesta de parte de las autoridades nacionales. El Paraguay no puede seguir en esta situación y los que lo habitamos no nos merecemos esta realidad de desamparo. El crimen no puede seguir estando en nuestra lamentable agenda ciudadana como una maldición incontenible.

La ciudadanía tiene que reclamar al Gobierno que cumpla con su responsabilidad de dar seguridad a las personas y sus bienes, como está establecido en la Constitución Nacional, y exigir que la Policía Nacional también cumpla lo dispuesto en la Carta Magna cuando dice en el Art. 175 que “…tiene la misión de preservar el orden público legalmente establecido, así como los derechos y la seguridad de las personas y entidades y de sus bienes…”.

El Poder Ejecutivo debe realizar su tarea y garantizar la seguridad de los ciudadanos con los organismos correspondientes mediante el combate del delito y la prevención de los crímenes.

Para dar seguridad a la ciudadanía, en primer lugar debe articular todos los medios en materia de prevención para que no ocurran los hechos violentos como los que se están lamentando. Lo que se podrá lograr solamente mediante el trabajo bien articulado de las instituciones especializadas, con hombres y tecnología apropiada. La preservación de la tranquilidad pública debe ser la prioridad para impedir cualquier clase de actos de violencia y así hacer posible la garantía constitucional de resguardar a los ciudadanos y sus bienes contra el peligro.