El Estado paraguayo no puede dedicar sus recursos humanos y administrativos a prestar servicios de seguridad privada. Ni para empresas privadas ni para entidades estatales. No solo desvirtúa la labor de los agentes del orden público, sino que –y esto es más perjudicial– desconcentra la labor de seguridad que debe ofrecer a la ciudadanía, una ocupación que desvirtúa completamente su papel.

Es por ello que el convenio que llevan adelante la Policía Nacional, el Instituto de Previsión Social (IPS) y la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) es una muestra de que la “solución parche” no es la salida a este problema emergente hoy.

Pero primero hay que hacer memoria. Tras el sonado escándalo de una aparente licitación amañada para favorecer a una empresa y otorgarle el servicio de seguridad privada al Instituto de Previsión Social (IPS), el Estado paraguayo decidió suspender el proceso debido a las notorias irregularidades que incluso tuvieron una derivación política, con la expulsión de un senador.

No cabe duda de que un servicio como el que presta el ente previsional a sus asegurados requiere de la presencia de guardias, que puedan llevar adelante el mantenimiento del orden y que no ocurran excesos en sus distintas dependencias. Ese aspecto no se discute: es necesario tener cobertura en este aspecto.

Pero la salida a la que han arribado las autoridades para ofrecer una cobertura de seguridad no es el camino, puesto que se cubre un hoyo haciendo otro. Esto es lo que se interpreta con este convenio arribado entre estas tres entidades, ya que cerca de medio millar de agentes son sacados literalmente de las calles para ir a resguardar estas dos entidades públicas.

Aunque el discurso indique que esta medida será temporal solamente, en nuestro país tenemos la experiencia de que algunas medidas tienen carácter de eternas.

Con justa razón este convenio ha recibido las críticas ciudadanas. Este convenio se dio a conocer en medio de crecientes reclamos en todo el país por la falta de seguridad en todos los órdenes y de cómo la ola delictiva no solo se limita a los asaltos en las calles, sino que también decenas de viviendas son visitadas por los delincuentes, además de comercios minoritarios, supermercados y estaciones de servicios, entre otros.

El temor es válido: estos cerca de 500 agentes que saldrán de las calles para ir a resguardar las dependencias de estas entidades definitivamente generarán un impacto. Por más que las autoridades del Ministerio del Interior, y del Gobierno en general, insistan, esto lamentablemente podría contribuir a elevar los índices de criminalidad.

Los números sobre las fuerzas públicas, específicamente policiales, hacen suponer que lamentablemente el resultado será negativo. Según los datos oficiales, en el país hay unos 24 mil agentes policiales, pero no todos están afectados a la seguridad. Se estima que unos 10 mil realizan labores administrativas; es decir, para velar por los ciudadanos existen solamente 14 mil policías en las calles realizando labores operativas. Esto sin contar que los agentes también ejercen turnos en sus funciones, con lo cual se reducen aún más las fuerzas operativas en la vía pública.

Se entiende la intención que han tenido las autoridades al buscar un arreglo “temporal”, pero este objetivo no puede realizarse a costa de sacrificar un ámbito en el cual ya de por sí el Estado paraguayo tiene déficit. Es allí donde hay las necesidades más urgentes donde deben dedicarse más rubros y esfuerzos y no lo contrario.

El IPS y Copaco deben adecuarse, y en el caso de la previsional debe transparentar y agilizar la nueva licitación para el servicio de seguridad, para que cuanto antes los agentes del orden retornen a las calles. El camino no es –definitivamente– privatizar el servicio de seguridad pública.