Pese a la reacción inicial de letargo, desde diversos estamentos han empezado en las últimas semanas a manifestarse sobre la polémica elección de la terna para la Corte Suprema Justicia. Así, diversos políticos, los propios postulantes, sectores académicos y gremios de abogados se han sucedido en las críticas hacia la cuestionada conformación realizada por el Consejo de la Magistratura. En el máximo tribunal de la República muy pronto habrá un nuevo jubilado, en este caso Raúl Torres Kirmser, quien dejará la magistratura por cumplir la edad límite que dispone la Carta Magna.
La sesión del Consejo donde se confeccionó la terna de la cual surgieron Carolina Llanes, Alma Méndez de Buongermini y Lynneo Ynsfrán adoleció de un aspecto clave: transparencia. A pesar de existir una orden judicial, el colegiado se reunió en sesión reservada, una situación altamente suspicaz, ya que en esa sesión secreta bien pudo (aunque nunca lo sabremos) que se cambiaran los puntajes para favorecer a estos ternados. Que había candidatos con mejores puntajes, por supuesto que los había. Que fueron electos quienes figuraban por debajo de connotados abogados también es correcto. Esta falta de transparencia es la que atacan –justificadamente– algunos sectores y es el que le ha valido a diferentes entidades para presentar sendas acciones (tanto a nivel judicial como a nivel parlamentario) para que el proceso de selección del nuevo ministro de la Corte se paralice a raíz de las sospechosas acciones.
La cuestión puede dilucidarse en dos ámbitos. Los mismos a los que se recurrió la semana pasada: a nivel judicial y a nivel político. Más allá que esta cuestión se dirima en el fuero judicial (es muy poco probable que ocurra) o en el político, es en este último donde sí podría dirimirse el caso. Algunos legisladores y líderes de bancada se han mostrado a favor de hallar una vía honrosa. Se ha hablado de la posibilidad de “devolver” la terna al Consejo, como si fuese este el camino, o de un posible intento de boicot, con la renuncia de uno de los ternados para de esa manera reiniciar el proceso.
Esa no es la vía. No por lo menos la jurídica. Al ser este un proceso además de jurídico, uno de carácter político y administrativo, lo que corresponde es agotar la instancia y si no existen los votos (no se alcanza la mayoría) se reinicia el proceso con la elección de una nueva terna.
El Senado no está facultado ni a devolver ni a presionar para desintegrar la terna de abogados. Debe simplemente reunir mayoría para otorgar el acuerdo; si no reuniere los votos suficientes, la mayoría no puede arrogarse facultades que no posee; no es la Cámara Alta la que conforma la terna.
Obviamente, está en manos de los senadores alcanzar o no la mayoría que se requiere para sesionar y para prestar el acuerdo, aunque eso dependerá del nivel de rechazo o de indignación hacia cómo fue conformada la terna.
Más allá de que la conformación se haya hecho con sospechas de todo tipo de ilegalidad, resulta asimismo muy claro que la terna pierde legitimidad al no reunir las justificaciones sobre el obrar limpio y ecuánime.
Independientemente de qué manera acabe este proceso, este caso se ha convertido en un verdadero bochorno y un auténtico manoseo para los juristas que integran la terna, que son todos ellos de muy buena preparación y con capacidad para ejercer las funciones en el máximo tribunal judicial del país. Resulta lamentable que el proceso haya tropezado en un aspecto tan esencial como la transparencia en la elección de –nada menos que– un ministro de la Corte Suprema de Justicia.
Es esencial retomar la senda de la transparencia, pero hay que realizarla en los términos que la propia Carta Magna paraguaya lo dispone.