El enfrentamiento violento entre el conductor de un vehículo y un limpiavidrios en una esquina de Asunción trajo de nuevo a cola­ción el problema de los trabajadores infor­males y su presencia en las arterias capita­linas.

Si bien muchas de ellas son personas tranquilas, existe un porcentaje impor­tante que demuestra una fuerte agresivi­dad cuando sus servicios no son aceptados ni pagados por los que conducen vehícu­los. Son individuos que, según la Policía y algunos concejales, consumen alcohol y drogas no permitidas y que por ello adop­tan conductas inapropiadas.

El propio comandante de la Policía Nacional se ocupó del tema y aconsejó a la ciudadanía no pagar a los cuidacoches y limpiavidrios para desalentar la proliferación de los mis­mos en numerosos cruces de calles y zonas de mucha concurrencia de la capital. El uni­formado reconoció que debido al comporta­miento violento de muchos de ellos se tienen zonas muy problemáticas, especialmente en el microcentro de Asunción, donde siempre hay denuncias contra los mismos. Recono­ció que la Policía lleva presos a los denun­ciados, pero que luego tienen que soltarlos. Aunque reconoció que muchos de ellos tie­nen frondosos antecedentes policiales por hechos punibles como robos y agresiones.

Movidos por los reclamos ciudadanos, algu­nos concejales municipales de Asunción dijeron que pedirán al Gobierno la presen­cia de más efectivos policiales en los cruces considerados más conflictivos por la presen­cia de los informales. El pedido se hará para que se amplíe la custodia de los uniforma­dos en la franja horaria de 18:00 a 21:00 en las zonas de mayor peligrosidad. De acuerdo con las observaciones de los ediles, existen más de media docena de cruces muy conflic­tivos en varios sitios del área capitalina y que requieren más presencia policial.

Los concejales que se ocuparon del tema creen que con la mayor presencia policial en las calles se logrará que los trabajado­res informales tengan un comportamiento menos agresivo y puedan ser aceptados por la ciudadanía. Esto porque está demostrado que muchos de ellos son adictos a las drogas y adoptan conductas extorsivas y violentas para exigir el pago de los servicios que nadie les ha solicitado. Y por la conducta violenta que adoptan con mucha frecuencia pueden representar incluso un peligro para la segu­ridad de los ciudadanos.

Por el lado que se lo mire, el asunto de los limpiavidrios y cuidacoches de Asunción no representa solo un problema capitalino ni tan siquiera un asunto meramente munici­pal. Trabajadores de esa índole abundan en otras localidades del Área Metropolitana y en las ciudades importantes del país. Y más que una cuestión que solo necesita el con­curso de efectivos policiales, es un problema de índole social y económica de mayor rele­vancia, que requiere una mirada mucho más abarcadora de la realidad. Los trabajadores informales que abundan especialmente en las áreas urbanas constituyen una reali­dad que debe ser encarada con una serie de medidas que comprendan toda su comple­jidad. Y por su trascendencia va mucho más allá de la preocupación municipal y cons­tituye un asunto que compete también a la responsabilidad del Gobierno Nacional.

Así como los limpiavidrios y cuidacoches no provienen solo de la Chacarita, sino de otras localidades del Área Metropolitana, el problema no es solo cómo contenerlos, sino principalmente cómo hacer para inser­tarlos en el área laboral y proporcionales la oportunidad de incorporarse a la socie­dad dejando la marginación en que están. Lo mismo para los adictos a las drogas, que además de ser retenidos por la Policía en sus actos violentos necesitan de urgentes proce­sos de recuperación que les permitan curar su mal.

Y aquí es donde, además de las municipa­lidades, el Estado paraguayo debe hacer frente a la situación con programas socia­les y de rehabilitación eficientes que hagan posible la inserción de estas personas mar­ginales a la sociedad nacional con todos sus derechos y obligaciones. A los adictos hay que someterlos a programas de resta­blecimiento integrales, así como hay que proporcionar posibilidades de formación profesional y de empleos a los trabajadores informales que hasta hoy están en la margi­nación social y económica.

Esa es una grave obligación que hasta hoy el Estado no ha asumido como se debe y de la que no debe sustraerse. Es hora de que enfrente esta responsabilidad con eficiencia juntamente con los diferentes municipios y las organizaciones de bien público.