La crisis penitenciaria que vive el país y que detonó el Día del Padre en la cárcel de San Pedro del Ycua­mandyyú con la matanza de diez presos a manos de otros reclusos es uno de los problemas más acuciantes que vive ahora el país. No porque sea solo de ahora, sino fundamentalmente porque los hechos que tomaron estado público develaron como nunca las dimensiones extraordina­rias y la extrema gravedad de la situación de las 24 cárceles del país, donde la corrupción imperante es un elemento primordial que no se ha tenido en cuenta de manera apro­piada.

Esta acuciante realidad es un grave desafío para el Gobierno, que se encontró entre la espada y la pared cuando se produjeron los hechos y no supo hasta ahora dar una res­puesta rápida y adecuada a la situación. En la desesperación, ahora busca normas de emergencia para acceder a fondos sin mayor contralor y la ayuda de otras fuerzas públi­cas para paliar su precariedad.

En las penitenciarías del Paraguay conviven en una lamentable mescolanza la miseria de los presos y la pobreza de recursos presu­puestarios, la delincuencia extrema de las organizaciones del crimen organizado, al lado de la incapacidad y desidia de los fun­cionarios, la corrupción escandalosa que permite celdas lujosas ante la vista gorda de las autoridades. Por si todo eso fuera poco, la superpoblación de las cárceles, que se debe a normas y procedimientos de un sis­tema judicial deficiente, añade la cuota que faltaba para empeorar la situación.

El ministro de Justicia, en una sincera con­fesión, admitió que la crónica situación de desidia e incapacidad llevaron a explotar la crisis del sistema penitenciario. Habló de las carencias por la falta de presupuesto y de suficiente personal para los presidios. Y reconoció, casi con candidez, que no están preparados para lidiar con los grupos crimi­nales que tienen encerrados.

Dijo que hay una gran cantidad de delin­cuentes que forman parte de facciones del crimen organizado internacional cuyos feudos son ahora las cárceles. Agregó que nacen, crecen y se hacen en las cárceles, no solo aquí, sino en toda la región, por lo que hay una fuerte preocupación en varios paí­ses, que ahora se agrava por el peligro que representa el tráfico de drogas y de armas entres las naciones.

“Si les digo que estamos preparados para lidiar con ellos, voy a mentirles. No estamos preparados. No tengo personal suficiente. Hoy necesito 500 agentes penitenciarios”, concluyó el ministro su desesperada confe­sión en una reunión llevada a cabo con las comisiones parlamentarias que estudiaban el proyecto de ley de emergencia peniten­ciaria.

En su quejoso balance, el titular de Justicia se olvidó de un importantísimo ingrediente de la situación carcelaria: el fuerte grado de corrupción imperante, conocida y tolerada por las autoridades como si fuera un mal necesario e inevitable.

Hace días nomás en una intervención judi­cial realizada en la cárcel de Pedro Juan Caballero, uno de los feudos preferidos del crimen brasileño, se encontraron cel­das especiales con instalaciones lujosas y equipamientos electrónicos sofisticados donde vivían de manera suntuosa expo­nentes del Primeiro Comando da Capital (PCC) y desde donde dirigían sus operacio­nes mafiosas en el exterior. Obviamente, la vida opulenta que llevaban en el lugar los peligrosos criminales era porque podían pagarse los lujos y la complicidad de las autoridades penitenciarias a buen pre­cio, fenómeno que también se da en otras dependencias penitenciarias, como se vio hace poco en la propia cárcel sampedrana después de divulgarse la masacre.

Está muy bien la sinceridad del ministro de Justicia a la hora de reflejar la realidad de las penitenciarías del país para pintar el drama en toda su dimensión. Pero no debe olvidarse de uno de los principales elemen­tos que forman parte de la crisis, que es la arraigada corrupción en las cárceles del país, que no depende ya del presupuesto o la falta de personal, sino de otros elementos que también debe identificar y combatir con valentía.

No basta solo con asignar más dinero al pre­supuesto de las cárceles, ni construir más unidades penitenciarias ni contratar más guardias si en las mismas no se combate decididamente la corrupción imperante y se ponen en vigencia las leyes y las prácticas de honestidad.