Hace algunos días visitaron el país para reunirse con auto­ridades nacionales el minis­tro de Justicia del Brasil, Sergio Moro, y la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich. Especí­ficamente, visitaron Pedro Juan Caba­llero y Amambay. Se trata de una muestra clara –y muy positiva y oportuna– de que los gobiernos de la región colocan el pro­blema del crimen organizado transnacio­nal en un lugar importante de la agenda. El sangriento motín en el penal de San Pedro y las constantes muertes violen­tas en la frontera seca evidencian que el combate al Primer Comando Capital, al Comando Vermelho y a otras organizacio­nes delictivas es urgente y debe ser suma­mente enérgico.

Si bien los actos de violencia parecen cir­cunscribirse de momento al ámbito de los grupos criminales y mafiosos, lo cierto es que estos hechos acaban por afectar al conjunto de la sociedad, por lo menos en forma indirecta. Una zona con tasas tan altas de homicidios no puede nunca resultar atractiva para las inversiones y las actividades económicas, por ejem­plo. Al contrario, aunque se limite a una “guerra de delincuentes”, este ambiente termina por expulsar incluso a las empresas y a la población ya arraigada en el área.

Nadie puede prosperar en una atmósfera donde se respira el miedo, la corrupción y la sospecha. Las ofensivas policiales o las acciones punitivas del Estado siempre serán medidas paliativas o puntuales. La solución de fondo exige además vigorosos planes y programas de expansión econó­mica, generación de empleo y extensión de los servicios públicos. A la par que se persigue a los delincuentes, es indispen­sable construir la paz.

Lamentablemente, las bandas crimina­les y narcotraficantes buscan convertir Pedro Juan Caballero y la frontera seca con el Brasil en una “tierra de nadie”. No solamente es la frontera el puente ideal para el tráfico de drogas y armas al mer­cado brasileño o europeo, sino que ade­más, dadas sus características –debilidad de controles, corrupción generalizada de la fuerza pública y la Justicia, permeabi­lidad de las instituciones y autoridades al dinero sucio–, es también un refugio adecuado para delincuentes y elemen­tos indeseables procedentes de uno y otro lado del límite internacional.

Nada más fácil para los traficantes o asal­tantes que cometer el delito y cruzar de inmediato al otro lado de la frontera y per­derse irremediablemente de sus perse­guidores. Mientras no exista una estre­cha coordinación de la Policía y la Fiscalía paraguayas con sus contrapartes brasi­leñas, la frontera continuará siendo un territorio de libre tránsito para los crimi­nales. Además es de crucial importancia emprender una radical depuración de la Policía, del Ministerio Público y de la Jus­ticia en la zona.

Los funcionarios y agentes que trabajan en la frontera tienen una responsabilidad multiplicada con la nación porque tienen la misión de contener el avance de estos grupos criminales. El crimen organizado transnacional prospera y se expande a la sombra de la corrupción de los funciona­rios públicos y de las autoridades.

Dada la naturaleza transnacional del nar­cotráfico, su combate exige de la misma manera la coordinación entre los distin­tos países afectados: los productores, los que sirven de tránsito a las drogas y los mercados de consumo. Paraguay ofrece grandes ventajas a los delincuentes: una enorme extensión de territorio despo­blado en la Región Occidental, la ausen­cia casi total del Estado en amplias zonas de frontera, la carencia de equipos tec­nológicos para la detección de vuelos y la infiltración mediante el soborno y el amedrentamiento en las instituciones públicas.