El gasto público, aunque resulte difícil de explicar, es, en reali­dad, privado.

Ha quedado bastante en exposi­ción pública tras el escándalo de las cárce­les y los presos privilegiados, a niveles que nunca antes se habían detectado.

Lástima que haya tenido que ser a costa de una masacre para descubrir la “extraordi­naria” modernidad de las cárceles nacio­nales, en las que hay presos que no están presos, sino que tienen su propio bun­galow, su “huerta” con quincho y todo, vehículos para desplazarse, armas, no solo blancas como se presuponía de nues­tras prisiones y se encontraban de vez en cuando, cuando había una requisa “pre­ventiva”, sino armas de fuego. En fin, todo lo que necesitan los delincuentes para moverse a sus anchas y seguir con el ofi­cio que la mayoría de los narcotraficantes y otros delincuentes de poder adquisitivo pueden pagarse.

Este es un caso más grave: que los funcio­narios no han sido nombrados ni son paga­dos por su oficio, sino por su militancia política, tal cual el principal informante de este destape ha dejado al descubierto hablando con los periodistas. El peniten­ciario era como los monos sabios al mismo tiempo: ni veía ni escuchaba… absoluta­mente nada. Cuando se le preguntó por sus referencias profesionales, apenas atinó a dar datos sobre su filiación política, sus actividades proselitistas y poco más.

Más notorio aún es que el ministro del rubro, pese a lo ostentoso del despliegue hotelero de cinco estrellas, ni siquiera se había dado por enterado de lo que estaba pasando allí.

Y más grave aún, por el orden de jerar­quía, que el juez que envió allí a un preso a hacer turismo y tener las manos libres para seguir con los negocios, ni sabía de las condiciones. Lo envió de pura casuali­dad a esa penitenciaría de cinco estrellas, no estaba ni siquiera enterado de lo que pasaba allí.

En fin, por sus declaraciones públicas, los funcionarios que han hecho aparición tras la masacre, sin haber sido “apretados” ni torturados, hicieron una declaración en su contra: no sabían nada de lo que ocurría allí, en su supuesto lugar de trabajo. Es decir, que cobraban allí, pero no para tra­bajar allí ni para los fines penitenciarios.

Cabe discrepar, entonces, con juristas, leguleyos y apologistas, al respecto de que el problema principal de las cárceles es la superpoblación y el hacinamiento. Es obvio que la cárcel de la masacre no reunía esas características, sino que más bien era el reino, más que de la libertad, del liber­tinaje.

La conclusión principal a que tenemos que llegar, descartando que los responsa­bles de la cárcel del escándalo no cobraban sueldo, porque eso sería increíble, es que lo estaban cobrando por otros menesteres que no tenían nada que ver con la prisión.

Es decir que el Estado, el sector público, no les pagaba para eso, sino para servir a otros patrones “del sector privado”.