El Gobierno pretende ahora una ley de emergencia penitenciaria para disponer a discreción más fondos económicos y quiere convocar a una cumbre de los poderes del Estado para analizar el problema de las cárceles del país. Asustado por los hechos detonados el domingo último en San Pedro del Ycuamadyyú, pretende un che­que en blanco, como dijeron algunos diputados.

Sin embargo, esta administración es la que, con muy mal criterio, dejó de lado una licita­ción del gobierno anterior para la construcción de 4 cárceles apenas asumió, que a esta altura del año ya hubieran estado en plena edificación para ser habilitadas en julio del 2020.

En otras palabras, este gobierno ha impedido la construcción de nuevas cárceles que ahora pomposamente anuncia que quiere hacer, sin reconocer que si el año que viene no se tienen nuevas instalaciones penitenciarias es por su responsabilidad y falta de gestión.

Sin embargo, el Presidente dijo a la prensa que próximamente se va a adjudicar la edificación de las tres penitenciarías que están en proceso de licitación y se ufanó de que su gobierno será el que más invertirá en construir cárceles.

Ante esta situación conviene memorar los hechos acontecidos. El ministro de Justicia del gobierno anterior, Éver Martínez, recordó que el año pasado ya se llamó a licitación inter­nacional para construir nuevas cárceles y así descomprimir la sobrepoblación existente en los presidios de todo el país. Dijo que el plazo fijado para la terminación de las obras era de 18 meses, lo que quiere decir que si la construc­ción se hubiera iniciado ya en enero pasado como estaba previsto, con el plazo de 18 meses, en julio del 2020 las nuevas cárceles ya se habrían podido tener listas para su utiliza­ción. Pero, apenas asumió este gobierno el 15 de agosto del 2018, al día siguiente canceló el llamado a licitación para convertirla de inter­nacional a licitación nacional y sin ningún otro cambio significativo, excepto la tardanza en volver a reactivarla. Lo que quiere decir que por el mero prurito de cambiar todo lo que se hizo antes, sin importar sus consecuencias, este gobierno es el responsable de que se esté tar­dando más tiempo en un asunto que requiere marchar a gran velocidad.

Luego de los hechos del domingo, el Poder Eje­cutivo envió al Congreso un proyecto de ley “por el cual se declara en situación de emer­gencia los establecimientos penitenciarios del país”. La propuesta pretende que el Con­greso le dé instrumentos excepcionales, como la utilización de fondos sin mayores controles para hacer inversiones varias para enfrentar la situación. Pero los legisladores eludieron la presión ejercida desde el Gobierno para que se aprobara la ley sin mayores exámenes por con­siderarla un tema delicado. Sobre todo, por­que se estaría habilitando la participación de las fuerzas militares y la posibilidad del uso de recursos económicos provenientes de entida­des previsionales para financiar obras y servi­cios. Los diputados que cuestionaron el apuro del Ejecutivo dijeron que no quieren darle un cheque en blanco al Gobierno.

Tanta es ahora la preocupación estatal por la situación planteada que el propio titular del Poder Ejecutivo anunció que apenas se apruebe la ley de emergencia penitenciaria, se convocará a una cumbre de poderes para anali­zar la crisis de las cárceles.

Es bueno que se recurra a la opinión de los otros poderes, pero una cosa está bien clara: la responsabilidad del sistema penitenciario y, por ende, la resolución de la dramática situa­ción a la que se ha llegado son responsabilidad principalmente del Poder Ejecutivo, hecho que no tendría que eludir de ningún modo.

Por otro lado, la experiencia indica que muchas veces las denominadas cumbres o reuniones pomposas no sirven mucho más que para las tomas de imágenes y las declaraciones rim­bombantes para los medios de los personajes que cultivan con entusiasmo sus ansias de figu­ración. Esto porque después, en términos prác­ticos, no conducen a gran cosa.

Es mejor el trabajo silencioso de los especialistas que analicen la situación y propongan solucio­nes que podrían servir para los propósitos que constituyen ahora la preocupación principal. Lo importante es que el Gobierno aprenda de sus errores y actúe ahora con inteligencia y rapidez.